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Esta
presentación resume la actualización de “La estimación del gasto
necesario para garantizar la cobertura asistencial contenida en
el programa médico obligatorio (PMO), del año 2025”, realizada
en conjunto por los equipos de PROSANITY CONSULTING, de IPEGSA
(Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud) y de la
USAL (Universidad del Salvador. Facultad de Ciencias Médicas).
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| Por el Prof. Dr.
Ernesto van der Kooy (*) |
Hace quince años PROSANITY
CONSULTING desarrolló la matriz original y se propuso realizar
actualizaciones anuales, las que fueron oportunamente
presentadas. La valorización realizada se basa en el PMO
vigente, como canasta de prestaciones, debiéndose remarcar que
desde hace varios años se ha advertido que el PMO actual no
cumple con los objetivos mínimos con que fuera creado (con el
tiempo fue perdiendo esa legitimidad de origen al incorporarse
prestaciones insuficiente- mente costo efectivas o prestaciones
por leyes especiales, sin financiamiento específico) y que
necesita una urgente revisión, sea de la canasta de prestaciones
existente, analizando su costo efectividad o simplificándola y/o
cambiar su abordaje a futuro, yendo a beneficios de prestaciones
y servicios por líneas de cuidados, por niveles, etc.
Mientras exista esta canasta, que obliga a los agentes de salud
regulados a brindarla, seguimos realizando la actualización que
es esencial para los mismos y que es una referencia para todo el
sistema, entendiendo también que debería ser elaborada por la
estructura estatal regulatoria.
Antes de describir específicamente la investigación realizada,
se ha creído conveniente enunciar en que contexto se ha
realizado y como se observa al “Sistema de Salud” de nuestro
país, sin perder de vista en el análisis, que, según nuestra
Constitución, la salud constituye un derecho humano fundamental
y su protección, en un sentido amplio, establece una
responsabilidad elemental del Estado, en todas sus
jurisdicciones.
A partir del cambio de gobierno en el 2023, el Ejecutivo
Nacional comenzó a marcar un rumbo en los diferentes temas que
hacen a la sociedad, en muchos casos con frenos y contrapesos
puestos por los otros poderes del sistema republicano. Si bien
en esta breve síntesis nos referimos fundamentalmente a lo que
tiene que ver con el sector de la salud, las medidas aplicadas
al sector no difieren, en la orientación, de aquellas abordados
por el gobierno en otras áreas.
No se pueden negar los logros obtenidos con un descenso
significativo en la inflación y un dólar relativamente estable.
En el período analizado de julio 2024 a julio 2025, hubo que
afrontar una inflación del 34,02% y una devaluación del dólar
oficial del 42,6%, que impactó en los costos en salud.
No emerge como prioridad para el Gobierno ni para la población
(en las encuestas), el tema de la salud. Sólo se hace visible
frente a la aparición mediática de eventos (denuncias de
fraudes, fentanilo, conflictos con el Garrahan, etc.) producto o
de visibles impericias o de hechos delictivos aún hoy poco
claros.
El sector viene reclamando (con poca determinación) a los
sucesivos gobiernos nacionales que asuman a la salud como una de
las prioridades esenciales, hecho no registrado por ninguno en
los últimos años. Por el contrario, estamos en un proceso claro
de declinación y decadencia del sector con una orientación y un
derrotero muy marcado hacia el tipo de sistema de salud que se
pretende para todo el país.
Las acciones que se han desarrollado desde la Nación a través de
decretos o resoluciones son aplicadas sobre todo sobre el sector
privado (que cubre a muy poca población), mientras aquellas
destinadas a mejorar la calidad del sistema y su equidad para el
100% de la población, han sido trasladadas a las jurisdicciones
y muchas desatendidas y abandonadas.
Debemos preguntarnos que se ha hecho frente a un incremento de
enfermedades infectocontagiosas, tales como la tuberculosis, las
ETS (sífilis, gonorrea, HIV, etc.) sarampión, enfermedades
respiratorias agudas, hepatitis A, etc., que son producto de la
pobreza, el hacinamiento, la desnutrición, y de dificultades de
acceso al sistema de salud.
O que se ha hecho respecto a la vacunación, con disminución
alarmante de las tasas de aplicación, sin que se note un impulso
y una defensa lo suficientemente vigorosa de esta intervención
preventiva esencial, desde los estamentos del Estado Nacional
frente a los embates aún institucionales de sectores claramente
antivacunas. Al mismo tiempo se niega con mucha frecuencia el
impacto del medioambiente en la salud de las personas.
Todos estos elementos, entre muchos más, son graves peligros
para la salud de la población en conjunto, no jurisdiccionales.
Que la salud sea una responsabilidad constitucional provincial
no es óbice para recordar que la Argentina es una sola y que la
función de rectoría es patrimonio de la Nación y que la
gobernanza es compartida entre todos, pero con coordinación
nacional. Y si bien la pobreza y la desnutrición son
determinantes sociales muy importantes, todo lo que se haga
desde el sistema sanitario, por lo menos sirve para paliar la
diferencia de igualdad y equidad del conjunto.
Una política de salud activa debe tender a amortiguar las
diferencias de accesibilidad, oportunidad, recursos humanos,
infraestructura y financieros entre las diferentes
jurisdicciones y coordinar modelos de atención de la salud de
impacto nacional.
Se visualiza cada vez más un aumento del gasto privado (de
bolsillo y de seguros privados) a expensas del gasto estatal y
de la seguridad social, lo que hace al sistema menos progresivo.
La consigna del Gobierno Nacional y de su Ministerio de Salud ha
sido el reordenamiento del sistema con pilares en la libre
elección y la desregulación.
Es perfectamente conocido, porque representan los cimientos y
sostenes de la Salud Pública, que es necesario regular en muchos
ámbitos para asegurar calidad, y efectividad, tal cual lo hacen
los sistemas de salud de los países que logran los mejores
resultados poblacionales.
Las medidas inadecuadas de desregulación impactan gravemente en
la calidad de los modelos. Son en general todas ideas alineadas
con una visión de la salud resultado de una responsabilidad
individual y no de la salud como resultado de una acción
conjunta del Estado como garante y responsable de acciones
globales para la población y el individuo como participante
necesario en su propio cuidado.
Hay que marcar puntualmente acciones de valor como el PROMESA, y
la auditoría y cierre de algunas Obras Sociales inviables, como
un camino adecuado. Pero al mismo tiempo no se avanzó en la
creación indispensable de la AGNET. El Gobierno Nacional en
marzo 2025 comunicó la creación, mediante decreto del Poder
Ejecutivo, de la Agencia Nacional de Evaluación de
Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFITS). Eso ha
quedado en una sim- ple y olvidada comunicación y como en casos
anteriores (proyecto de leyes) bloqueado seguramente por
intereses e influencias de mucho peso que actúan a contramano de
los intereses de la población en conjunto.
La situación de los recursos humanos en salud y su formación ha
sido relegada, acompañada por la reducción de presupuestos de
las universidades públicas, o como en el caso de las residencias
en medicina, enfermería y bioquímica, cuya potestad de
realización fue trasladada a cada jurisdicción, atentando contra
una formación homogénea y limitando nuevamente el rol
articulador del gobierno Nacional.
Los hospitales nacionales han ido perdiendo recursos muy
calificados por las bajas remuneraciones, recursos que pasan al
sector privado, donde de cualquier forma los honorarios también
se encuentran depreciados, por lo que hay muchos cobros de
copagos, y turnos atrasados en todos los subsectores.
La crisis de los recursos humanos, pilar de todo sistema de
salud, impacta y mucho sobre la calidad de atención en el
sistema. No se ha avanzado en certificaciones y
recertificaciones de profesionales, ni en acreditación de
establecimientos para mejorar calidad, también una política a
impulsar desde la Nación junto a las provincias.
Parece haberse naturalizado que salud y educación son gastos de
bolsillo dejando libradas a las personas a su suerte, y a
pacientes y equipos de salud postergados u olvidados. Las
personas se privan de otras cosas, para pagar educación de los
hijos y salud.
El plan este yendo hacia lo esperado: provincias que se hagan
cargo de la salud de sus habitantes con menores recursos
disponibles, traspaso de las capitas más altas a los prepagos,
su integración vertical, desaparición de obras sociales por
recursos insuficientes, deterioro de la capacidad instalada
institucional y del nivel de ingreso de los profesionales de la
salud.
Sin duda, se requerían reformas para abordar las persistentes
inequidades e ineficiencias del sistema, pero el enfoque actual
plantea interrogantes; los recortes presupuestarios, y una
reestructuración orientada al mercado, exacerbarán los problemas
subyacentes. La reforma requiere intervenciones focalizadas para
fortalecer subsidios cruzados y mancomunación de riesgos, y
redistribución de fondos de ricos a pobres, sanos a enfermos y
jóvenes a mayores.
La evaluación integral de las políticas actuales seguramente se
verá perfectamente delineada en los próximos años, donde se
podrán mensurar resultados de impacto en indicadores
poblacionales y la sostenibilidad de este enfoque en la rectoría
sanitaria. No se soluciona el problema con la delegación en las
jurisdicciones de los servicios de salud; sin cambiar el modelo
de atención, especialmente cuando hay una sobrecarga en los
prestadores públicos.
Nadie parece pensar o buscar una salida, y el mercado no lo
hará, y queda un agotamiento moral y bajos salarios y honorarios
de los equipos de salud que sostienen un sistema, que aumenta su
desigualdad y concentración en pocos actores ganadores. Este
presente requiere muchas correcciones que no pueden esperar,
reformas profundas y estratégicas para evitar el colapso
definitivo del sistema. No parece que el camino elegido sea el
mejor para lograrlo.
ACTUALIZACION 2025
Como siempre la investigación cumple con dos objetivos:
1) Determinar el valor de la canasta prestacional conocida como
PMO a una fecha definida (31 de julio) de cada año.
2) Determinar a finales de julio de cada año en qué medida los
agentes de salud regulados por la Superintendencia de Servicios
de Salud (SSSalud) e incluidos como entidades del Sistema
Nacional del Seguro de Salud se encuentran en condiciones
financieras de brindar un PMO íntegro.
Los cambios acaecidos por los diferentes decretos promulgados en
la materia durante el 2024 y 2025, han variado este año la
determinación, al incorporarse como agentes directos del Seguro
de Salud Obligatorio, varias EMP que atendían pacientes
desregulados a través de Obras Sociales definidas. En todos los
casos además se realizan comparaciones con años anteriores que
permiten visualizar su evolución en el tiempo.
Siendo que la actualización se realiza usando indicadores de
Obras Sociales Nacionales, es imprescindible remarcar que las
Obras Sociales, cualquiera sea su origen, han profundizado sus
dificultades para cubrir las prestaciones a las que están
obligadas respecto al año anterior al depender de un porcentaje
de los aportes y contribuciones de los salarios, (que se han
depreciado) a lo que se suma en las O.S. Nacionales los bajos
ingresos de los monotributistas y de las emplea- das de casas
particulares. El impacto de los fenómenos desregulatorios y el
pase a EMP de los mayores salarios, han potenciado las
dificultades de las Obras Sociales Nacionales de origen.
Si en las actualizaciones anteriores marcábamos que con el
aumento de los costos en salud era inviable tratar de abordar la
totalidad de costos de atención de beneficiarios sólo con
aportes y contribuciones, con lo antes expuesto surge claramente
que el problema se ha potenciado. Como expresamos ya varias
veces se hace imprescindible examinar esta situación. Pero no
aparece aún como prioritario en las decisiones del gobierno.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología de investigación utilizada es la habitual desde
el inicio del estudio; los parámetros considerados son las tasas
o indicadores de uso y los precios de mercado. El valor
resultante es exclusivamente el de las prestaciones listadas en
el PMO, por lo que no incluye otros elementos tales como los
costos de administración, por no contar con información fiable
de los mismos, gastos bancarios, financieros, impositivos, etc.
El costo del PMO y sus indicadores han sido elaborados sobre la
base exclusivamente de poblaciones activas, habiendo considerado
como tales aquellas con rangos etarios entre 0 y 65 años, tanto
para hombres como para mujeres. No se valoriza el PMO para
mayores de 65 años, donde los indicadores difieren de los de
este estudio, sobre todo en determinadas prestaciones. En esas
edades los costos son superiores.
Los indicadores de uso y los precios considerados son de
poblaciones de Obras Sociales Sindicales de la Ciudad de Buenos
Aires y Conurbano Bonaerense. Si bien la matriz elaborada es
aplicable a todo el país, los indicadores y valores de mercado
considerados corresponden a grandes poblaciones urbanas.
Se han actualizado todos los precios de los diferentes renglones
según valores de mercado, a partir de una verificación que desde
el inicio hacemos en financiadores, redes, prestadores, cámaras,
etc. La amplia variabilidad que aún existe en algunos precios
(ejemplo paradigmático el costo del egreso) puede hacer que los
valores considerados en esta investigación no representen
acabada y uniformemente la realidad.
COSEGUROS Y COPAGOS
Como fue explicitado en el análisis del 2024 es una herramienta
creada oportunamente con el objetivo de actuar directamente
sobre la demanda por servicios de salud, buscando reducir el uso
de prestaciones de poco impacto sanitario o innecesarias y si
bien actúa indirectamente en los costos, no ha sido pensada como
financiador directo del sistema. Frente a determinada confusión
respecto a los conceptos, aplicamos el siguiente criterio a este
análisis.
COSEGURO: es un
porcentaje del costo total de la prestación que el afiliado de
una obra social o prepaga debe abonar al momento de la
prestación, por ciertas prestaciones de salud. Un ejemplo
paradigmático es el % que debe pagar el beneficiario al comprar
un medicamento, del total del costo de este.
COPAGO: es un
monto fijo preestablecido que el afiliado abona al momento de
realizar una prestación, y que varía según de que tipo de
prestación se trate. Un ejemplo es el monto fijo preestablecido
que debe pagar para una consulta médica. El valor del copago, al
ser fijo preestablecido, es conocido por el afiliado.
Si bien conoce el % del coseguro, no el valor en pesos, porque
es un porcentaje del valor de una prestación de costo variable
como son los medicamentos.
Hasta la promulgación de la resolución 1926/2024, existían una
serie de prestaciones del PMO en las que la Obras Sociales
Nacionales podían cobrar legalmente coseguros y/o copagos a los
afiliados y otras con una cobertura obligatoria del 100%. Los
montos máximos de los copagos y los % de los coseguros
autorizados, los definía la SSSalud con ajustes cuya última
actualización fue de marzo del 2024.
La Resolución 1926/2024 liberó los topes de los copagos pasibles
de ser cobrados a los pacientes, en las prestaciones
autorizadas, pues siguen existiendo como antes, un conjunto de
prácticas que se encuentran exentas del cobro de coseguros
/copagos a través de las diferentes normativas.
El copago es de uso exclusivo para beneficiarios de Obras
Sociales y, la decisión de aplicarlos o no, es de cada agente
del seguro de salud. Hoy en día, no todos los aplican total o
parcialmente. A partir de la nueva resolución, los agentes del
seguro de salud, incluidos dentro de la Ley 23.660, pueden fijar
valores topes de copagos/coseguros debiendo los mismos ser
informados a los beneficiarios y a la SSSalud con anticipación a
su puesta en vigencia.
Asimismo, es importante aclarar que los copagos no son
aplicables a las entidades de Medicina Prepaga. Ni para
afiliados voluntarios ni para trabajadores que desregulan y que
abonan adicionales a sus aportes. Las entidades de Medicina
Prepaga están habilitadas a comercializar planes con
copagos/coseguros dentro de su cartilla comercial y, dichos
planes, deben estar autorizados por la Superintendencia de
Servicios de Salud previo a su comercialización.
Creemos importante abordar la definición de otro pago que a
veces hace el afiliado, no legalmente autorizado, pero que se ha
impuesto y generalizado por el uso. Es el “plus”, cobro
adicional, o arancel diferenciado. Es un monto extra o adicional
cobrado por el profesional o institución que excede lo pactado
con la obra social o prepaga. Se cobra por consultas a
profesionales de la salud, y en forma creciente también por
prácticas, extendiéndose a todo el país en diferentes
magnitudes. Se le paga al profesional o a la institución al
realizarse la
prestación y es un elemento que ha incrementado de forma no
claramente medible el costo de bolsillo de los beneficiarios.
La liberación del monto de los copagos para las Obras Sociales y
la generalización del plus hace que la determinación de en qué
medida gravita el pago de bolsillo como % del valor total del
PMO es quimérica. No hay criterio uniforme entre las diferentes
Obras Sociales y no hay forma de valorizar el peso del plus,
sobre todo porque en muchos casos ni siquiera se emite factura
por el mismo. Es por ello que se decidió retirar todos los
gráficos comparativos donde aparece el coseguro/copago.
INDICADORES MODIFICADOS
Año a año seleccionamos prestaciones que conocemos van variando
su utilización o por cambios epidemiológicos o por la aparición
de nuevas tecnologías, y actualizamos sus tasas de uso, según la
información recabada. Para el 2025 decidimos reanalizar:
a) DISCAPACIDAD
En el período actualizado (1 de agosto 2024 al 31 de julio 2025)
los valores de las prestaciones aumentaron en promedio de agosto
a diciembre 2024 inclusive, 7,8%, ponderando los aumentos
adjudicados e incluyendo el del transporte.
Durante el 2025 y hasta la fecha de corte (31 de julio) no ha
existido ningún incremento adicional. Del análisis de lo abonado
mes a mes por el programa Integración surge que ha existido un
incremento importante de la cantidad de prestaciones realizadas,
en relación con las consideradas anteriormente, surgiendo un
indicador de uso de 0,16021 prestaciones por beneficiario año.
El promedio por prestación nos arroja un valor de $ 371.256,
reducido respecto al año anterior, participando
proporcionalmente las siguientes prestaciones:
servicios-educativo-terapéuticos: 14,5%, servicios educativos:
47%, servicios asistenciales: 3%, servicios de rehabilitación:
20%, transporte: 15,5%.
b) MEDICAMENTOS EN AMBULATORIO
Según los datos obtenidos de obras sociales, droguerías y
mandatarias se ha modificado el indicador de uso de recetas que
ha pasado de 3 recetas/beneficiario/año hasta el 2024 a 2,6
recetas por beneficiario/año. Las causas no son claras, aunque
seguramente ha influido la situación económica de los sectores
cubiertos. El porcentaje de cobertura promedio ponderada a cargo
de los agentes de salud se encuentra en alrededor del 62%. El
valor promedio por receta al 31 de julio 25 ha sido de $ 42.850.
c) MEDICAMENTOS ESPECIALES
El indicador de medicamentos especiales (unidades dispensadas)
se ha incrementado de 0,09400 a la actual de 0,12550 o sea un
24%.
PRECIOS: VACUNAS. MEDICAMENTOS EN AMBULATORIO.
MEDICAMENTOS ESPECIALES.
Es necesario aclarar algunos puntos esenciales referentes al
precio en general de estos productos. En el caso de las vacunas
consideradas en los programas preventivos, las mismas son en
general provistas por el Estado Nacional por lo que su costo, si
bien es parte de un PMO, no lo aporta el agente de salud. En el
caso de los medicamentos, tanto sean ambulatorios como
medicamentos especiales y de alto costo en nuestras
determinaciones usamos el PVP (precio de venta al público).
Ahora bien, no sabemos a qué valor el financiador paga ese % a
sus proveedores (mandatarias o droguerías) porque ese valor es
variable según quien lo provea y la capacidad de negociación del
financiador. Existe un porcentaje del valor que posiblemente no
afronta el agente de salud y que impactaría en el valor del PMO.
Con relación a los MACs/MAPs, insulinas etc. ocurre lo mismo.
El mercado de medicamentos de alto costo y especiales es un
mercado que por sus características es difícil de cuantificar y
el valor real de lo que se paga varía mucho según el laboratorio
o droguería involucrada y el agente de salud. En este caso,
entonces el valor verdadero del renglón en el PMO, pagado por
los agentes de salud, es posiblemente menor a lo considerado.
Con el parámetro del PVP y comparando con el 2024, el precio
promedio por unidad dispensada de medicamentos especiales
aumentó un 46%, debiéndose remarcar que ese incremento es
producto de la utilización de nuevos medicamentos, de un cambio
de la frecuencia de uso de algunos existentes y además del
aumento de precio que han padecido los medicamentos en el año.
PRÓTESIS
En este rubro se ha observado un incremento importante en
costos, similar al incremento del dólar, pues se ha informado
que todos los precios están atados a dólar oficial, aun las de
origen nacional.
RESULTADOS DE LA ACTUALIZACION 2025
Se ha mantenido la distribución poblacional informada por la
SSSalud a julio 2023. Consideramos como prioritario el valor del
PMO que debe financiar cada Agente de Salud del Seguro Social
Obligatorio (sin los copagos/coseguros que provee el
beneficiario de su bolsillo). Al 31 de julio 2024 el valor
resultante fue de $ 42.069,23. En esta actualización (31 de
julio 2025) el valor obtenido es de $ 69.492 lo que significa un
incremento interanual del 65%.
Mantenemos una estructura similar de gráficos que, en las
ediciones anteriores, a fin de hacer más fácil la lectura
comparativa. Sin embargo, se han tomado sólo los gráficos que
comparan lo financiado por los agentes de salud, habiéndose ya
explicado las dudas generadas en gastos de bolsillo de los
afiliados por coseguros, copagos, plus. etc., como para tomar un
valor de referencia y compararlos con años anteriores donde
estaban regulados.
El Gráfico N° 1 compara los valores estimados del PMO a finan-
ciar por las obras sociales y EMP para las actualizaciones
anuales realizadas entre 2010 y 2025. Como puede observarse, el
costo del PMO a financiar por los agentes de salud, ha seguido
una tendencia creciente desde el 2010 aumentando año a año como
mínimo por encima del 25% y con un aumento sustancial de su tasa
de crecimiento anual desde el 2014 donde se incrementó cada año
en alrededor o por encima del 40%. En 2019 aumentó el 65,8%, el
año 2020 38,5%, el año 2021 40,2%,el año 2022 el 48%. Entre el
2020 y el 2022 muy influidos por la pandemia, por tres años
consecutivos el costo del PMO fue inferior a la inflación
determinada para igual período por el INDEC, aunque siempre en
un contexto de altísimo incremento interanual. EL año 2024 el
aumento del PMO ha sido del 252%, y en el 2025 del 65%.
GRÁFICO N° 1

En la Tabla N° 1 se puede ver
que el mayor incremento, como en años anteriores, se verifica en
las prestaciones especiales. Se observa también, después de
varias actualizaciones, que las prestaciones con internación se
acercaron bastante al valor global del PMO y por encima de la
inflación y del incremento del dólar.
El Gráfico N° 2 muestra la evolución en el tiempo de los
diferentes grupos de prácticas con una caída lenta de las
prestaciones ambulatorias, un declive constante y muy marcado en
internación desde el 2010 (casi 20 puntos) una meseta en
programas preventivos (aunque por primera vez debajo del 7%) y
un fuerte incremento en las prestaciones especiales que han
pasado de un 12,9% en 2010 al 45,5% en 2025.

GRÁFICO Nº 2

El rubro “Prestaciones
Especiales” ha crecido un 78% desde el 2024. Si analizamos uno a
uno los rubros incorporados en el grupo: ambulancias, traslados
y emergencias se ha incrementado en un 70%, prótesis, ortesis e
implantes en un 33%, discapacitados 70%, medicamentos especiales
un 96% y el rubro diabetes (Insulinas, accesorios, análogos de
Glp1, etc.) 71%. Del total de prestaciones especiales los
medicamentos especiales representan un 51%. Junto a ambulancias,
traslados y emergencias, discapacidad y diabetes, representan el
90% del rubro y medicamentos especiales y diabetes en conjunto
el 65% del rubro prestaciones especiales, y cerca del 30% del
todo el PMO. Los medicamentos especiales representan ya el 23%
del valor total del PMO. El rubro diabetes el 6% del valor del
PMO.
COMPARACIÓN ENTRE EL VALOR DEL PMO Y LA RECAUDACIÓN DE
LAS OSN
En este apartado cumplimos el segundo objetivo del proceso de
actualización. Se busca comparar el valor del PMO financiado por
los agentes de salud, actualizado en este caso al 31 de julio de
2025 ($ 69.492 sin gastos de administración) con la recaudación
promedio por cada beneficiario del universo de OSN.
Recordamos que con el decreto desregulatorio las EMP que así lo
decidieron, actúan como agentes de salud pudiendo recibir
directamente los aportes y contribuciones de los afiliados que
las eligen sin pasar esos aportes a través de una tercera obra
social. O sea que las EMP a los fines de esta exposición y
análisis comparativo se suman al universo de las OSN analizadas.
De acuerdo con los datos de la SSSalud sobre número de
beneficiarios y ARCA respecto a recaudación por aportes y
contribuciones, el promedio del sistema tomado a julio 2025, es
de $ 54.644,65 (lo que representa un 79 % del valor del PMO).
GRÁFICO N°
3

Tomando lo ingresado por
aportes y contribuciones, (Sobre 332 OSN y EMP) al desagregar
dicha información por Agente de Salud vemos que solamente un 21%
de dichas instituciones (70 OSN y EMP) superan el valor estimado
de costo de un PMO en su recaudación per cápita, mientras que el
79% restante (262 OSN y EMP) no alcanza el valor del PMO
(Gráfico N° 3).
En términos de beneficiarios, las OSN y EMP que superan con su
cápita promedio el valor del PMO, dan cobertura solamente al
20,5% de los mismos mientras las Obras Sociales que no alcanzan
a cubrir el valor del PMO cubren al 79,5% de los beneficiarios
del sistema.
En el Gráfico N° 4 se consideran además los ingresos
provenientes de los subsidios y reintegros. Tomando lo ingresado
por aportes y contribuciones, subsidios y reintegros (Sobre 332
OSN y EMP) al desagregar dicha información por OS vemos que un
23% de dichas instituciones (76 OSN y EMP) superan el valor
estimado de costo de un PMO en su recaudación per cápita,
mientras que el 77% restante (266 OSN y EMP) no alcanza el valor
del PMO.
GRÁFICO N° 4

En términos de beneficiarios, las OSN y EMP que superan con su
cápita promedio el valor del PMO dan cobertura solamente al 22%
de los mismos mientras las Obras Sociales y EMP que no alcanzan
a cubrir el valor del PMO cubren al 78% de los beneficiarios del
sistema.
Si bien, como habitualmente explicamos el costo del PMO no
considera los gastos de administración por las serias
dificultades en acceder a los mismos, se hizo en este apartado
una simulación cuyo objetivo es determinar qué cantidad de Obras
Sociales y EMP estarían en condiciones de cubrirlo si tuvieran
como gasto de administración un 8%, máximo teóricamente
permitido. Observamos que baja a 63 (19%) el número de agentes
de salud en condiciones de cubrir un PMO (Gráfico N° 5).
Este año analizado (julio 24 a julio 25) el costo del PMO
obtenido, alcanza un valor importante por encima de la
inflación. Se vuelve a lo acaecido antes de la pandemia. Entre
Obras Sociales y EMP, nueve más no han podido cubrir el PMO
respecto al 2024.
GRÁFICO N° 5

En el Gráfico N° 6 los tres años con aportes extraordinarios
(COVID) se han destacado en un color diferente. Debe hacerse
notar que los mecanismos con que cuenta el FSR para lograr
solidaridad interinstitucional son cada día menos eficientes. En
el año 2024 al sumar los ingresos por subsidios y reintegros
pasaban a cubrir el PMO de 71 a 85 Obras Sociales, y 660.000
beneficiarios más. En el 2025, cubre a alrededor de 200.000
afiliados más, lo que representa apenas 6 agentes de salud más.
GRÁFICO N° 6

El FSR representa alrededor del 15,8% de los fondos que ingresan
al sistema por aportes y contribuciones y su distribución a
junio del 25 fue aproximadamente la siguiente: Integración: 65%,
Subsidios de distribución automática 37%, para el Sur/Surge 1,5%
y para la SSSalud el 4,5%. Déficit cercano al 8%. (Fuente
SSSalud). Del análisis de estos datos surge que los mecanismos
de redistribución del FSR, no satisfacen los objetivos de
solidaridad interinstitucional con que han sido creados. Su
corrección es otra asignatura pendiente.
CONCLUSIONES
Este trabajo corresponde a la decimoquinta actualización de la
“Estimación del gasto necesario para garantizar la cobertura
asistencial contenida en el PMO”, a partir del documento
metodológico original correspondiente al año 2010. Ha sido
realizado en conjunto entre PROSANITY CONSULTING, IPEGSA y la
USAL.
Conocer los valores de las prestaciones que conforman el PMO es
primordial y básico. Es una referencia que permite a cada Obra
Social/EMP estimar la posible carga financiera que tiene que
afrontar para brindar las prestaciones incluidas en el PMO, a
las que está obligada.
Han sido analizadas otras fórmulas que han pretendido sustituir
a la que desarrollamos, o presentaciones que mostraban
mecanismos que permitían una actualización prácticamente
automática. Los resultados que logran están muy alejados de la
realidad que se observa en la gestión cotidiana, por lo que no
han sido prácticamente utilizadas.
Aun la que usamos nosotros para actualizar en tiempos de alta
inflación, tienen diferencias significativas en más o en menos
respecto a esta metodología. Como se ha referido anteriormente
la metodología utilizada obliga a un trabajo muy arduo de
recopilación y a contar con información relevante.
La sistemática de trabajo precisa relevar las tasas de uso o
indicadores de uso de todas las prestaciones y actualizarlas
periódicamente. Otras fórmulas toman indicadores globales no
atados al consumo prestacional. La técnica de análisis y
actualización es compleja, lo que hace muy dificultoso
replicarla con mayor periodicidad.
A pesar de los esfuerzos realizados, aún no la hemos podido
elaborar en forma regional. Hemos iniciado durante el 2023/24 el
análisis en algunas Obras Sociales Provinciales, pero ha sido
muy difícil continuar con el mismo, en general por cambios en
las gestiones de las organizaciones, y el desplazamiento de
personas que colaboraban con nosotros.
Los ingresos de las diferentes Obras Sociales/EMP difieren
sustancialmente entre ellas, tal cual puede visualizarse en esta
investigación y más allá de los mecanismos de compensación
existentes (que por su ineficacia hay que repensar), muchas no
alcanzan el piso mínimo para lograr cubrir la canasta.
Los Seguros de Salud Obligatorios, cuyos ingresos son un
porcentaje de los salarios (aportes y contribuciones), se vienen
deteriorando año a año en relación con la evolución del costo de
las prestaciones y al aumento de la inflación, y si no lo han
hecho más del año 20 al 22 inclusive, es porque existieron
aportes especiales provenientes de la SSSalud. Pero este año de
análisis, con financiamiento de aportes y contribuciones y los
proveniente del F.S.R. (que también surge de los aportes y
contribuciones) notamos una nueva declinación sustancial del
subsistema.
El sector del Seguro Social Obligatorio, columna vertebral de
nuestro sistema de Salud, no tiene ingresos para seguir
cubriendo la totalidad de prestaciones de la canasta conocida
como PMO. Lo venimos repitiendo año a año y cada vez se ahonda
el problema.
En el Gráfico N° 7 se observa claramente la evolución del Costo
del PMO y de la inflación (considerando únicamente la Parte del
PMO financiada por los Agentes de Salud). Este gráfico ha sido
realizado consolidando todos los informes plasmados desde el
2010, en forma acumulada, tomando el año 2010 como base cero, en
el caso del costo de las prestaciones y la inflación acumulada
basada en los informes de consultoras y el Congreso de la Nación
hasta 2016 y luego del IPC oficial.
GRÁFICO N°
7
Se observa que para una
inflación acumulada del 34.212% al 2025, se ha dado un aumento
del PMO financiado por los Agentes de Salud del 51.578% al mismo
año. Es decir que en 15 años el valor del PMO ha superado
holgadamente a la inflación, en casi 17.300%.
Debe tenerse en cuenta que en los tres períodos marcados
especialmente (20/21/22) los costos del PMO fueron inferiores a
la inflación informada, lo que acercó las curvas. Desde el 2023
volvieron a separarse y este año 2025 supera en más del 30% a la
inflación informada por IPC.
Considerando solamente lo que financian los agentes del seguro
de salud, el PMO se ha incrementado en el período (24/25) en un
65%. Por lo explicado anteriormente de coseguros, copagos y
plus, es sumamente dificultoso saber cuál es el gasto de
bolsillo y en qué porcentaje incide en el valor total de un PMO.
El aporte promedio como gasto de bolsillo para el 2024
representaba entre un 10 y un 13% del costo total del PMO
siempre considerando hasta allí que los medicamentos
ambulatorios son el aporte sustancial del gasto de bolsillo que
hacen los usuarios (38% del precio de medicamentos a PVP).
Solo queremos agregar que los mecanismos solidarios tendientes a
mejorar la equidad dentro del Seguro de Salud Obligatorio siguen
perdiendo relevancia año a año, marcándose cada vez más las
diferentes capacidades financieras existentes entre las
diferentes instituciones, más ahora con el advenimiento de EMP
como actores directos del sistema.
Se vuelve a remarcar que el rubro medicamentos es el que sigue
concentrando el mayor interés, por su peso en el PMO y por su
evolución. Los medicamentos especiales una vez más se colocan
por encima del incremento del propio PMO. Algunos medicamentos,
tomados individualmente, han superado sobradamente ese
porcentaje global de incremento.

Se puede ver en la TABLA N° 2 en la que se analiza actualizado a
julio 2025, el peso de los medicamentos en cada grupo de
prestaciones del PMO, y su impacto final.
De esa misma tabla surge que los medicamentos en ambulatorio MDA
(el 62% que paga el financiador) representan el 8% del costo del
PMO global y el 19,3% del gasto en medicamentos del PMO. Los
medicamentos especiales más diabetes insulinodependiente el 30%
del costo total del PMO y el 69% del gasto en medicamentos del
mismo.
Sumando todos los medicamentos (sin considerar lo que paga de su
bolsillo el beneficiario en lo ambulatorio, sólo lo que paga el
financiador) los medicamentos representan el 43% del costo del
PMO.
Según el análisis que hacemos en este trabajo para el 2025, el
ingreso per cápita promedio para las diferentes OSN por aportes
y contribuciones se ha estimado en $ 54.644,65 (lo que
representa el 79% del valor del PMO) debiéndose remarcar que ese
número corresponde a lo recaudado en concepto de aportes y
contribuciones durante el mes de julio 2025. Ello da como
resultado que con estos aportes solo un 21% de las OOSS y EMP
(20,5% de los beneficiarios) tienen la posibilidad de cubrir el
costo de un PMO sin considerar gastos de administración.
Si incluimos todos los ingresos adicionales provenientes del FSR
(subsidios y reintegros) sólo el 23% de las OOSS y EMP (22% de
beneficiarios) tienen los fondos suficientes para cubrir el
costo de un PMO sin considerar gastos de administración.
Véase como año a año los mecanismos de redistribución impactan
menos en la posibilidad de mayor cobertura de OSN. Sólo 6 Obras
Sociales y EMP y 200.000 beneficiarios más del sistema acceden a
la cobertura del PMO luego de aplicar subsidios y reintegros.
Una referencia especial al análisis del PMO y al sector
privado prestador. Si bien, en el análisis desde hace
años remarcamos que dicho sector (sobre todo establecimientos de
agudos y profesionales) está financiando parte del desfasaje con
sus bajos ingresos, en este año debemos señalar un fenómeno muy
marcado, que es el traslado de costos del sistema a los
beneficiarios, con un gasto cada vez mayor de bolsillo, muy
difícilmente medible, pero muy claro a la luz de la
generalización de los plus, en consultas y también en muchas
prácticas, que se acompaña de la dificultad de acceso a turnos
en los tres subsistemas. El que no puede acceder (y no puede
pagar extra) pierde la oportunidad en su tratamiento. Los
impactos negativos en la calidad de los servicios son muy
marcados. Los resultados en la salud poblacional serán
patrimonio de análisis epidemiológicos a futuro.
| (*) Especialista en administración
de Establecimientos de Salud. Máster en Dirección de
Empresas. Universidad del Salvador – Universidad de
Deusto (España). Presidente de Prosanity S.A. Consultora
de Salud. Profesor Titular de la Cátedra de Estudios de
los Sistemas y Organizaciones Sanitarias – USAL.
Director de la Maestría en Gestión en Salud. Facultad de
Medicina. Universidad del Salvador (USAL). |
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