Una lucha desigual

Luego del gran crecimiento económico que se produjo en el quinquenio 2003/2008, la Argentina, como el resto del mundo, está ingresando en un ciclo de profunda recesión cuya duración y consecuencias son difíciles de pronosticar.

Son muchos y complejos los problemas que enfrenta nuestro país. Luego del gran crecimiento económico que se produjo en el quinquenio 2003/2008 y sin entrar en detalles acerca de cuáles fueron las razones de tal crecimiento, la Argentina, como el resto del mundo, está ingresando en un ciclo de profunda recesión cuya duración y consecuencias son difíciles de pronosticar. Está claro entonces que, por lo menos el 2009, será un año de crisis global.
A este escenario internacional, le debemos agregar algunos ingredientes autóctonos:

• es un año de elecciones,

• hay un estado de crispación e incertidumbre en la sociedad como consecuencia de padecer, por parte de la clase dirigente, una forma de hacer política basada en la eterna confrontación,

• la interminable pelea del gobierno vs. el campo,

• la “sensación de inseguridad”,

• los días de escolaridad caídos por la huelga docente,

• los continuos piquetes, cortes de calles y de rutas,

• el manipuleo de los datos y la información (casos INDEC y dengue).

Entre otros temas de actualidad que preocupan hoy a la sociedad.

En este contexto general, las clínicas y sanatorios privados nucleados en ACLIFE que atienden mayoritariamente a la Seguridad Social y, que a diferencia de otros sectores de la economía, NO se han visto beneficiados por la bonanza económica reciente, enfrenta este difícil escenario en una situación de extrema fragilidad. Para graficar esta situación sólo debemos recordar que el sector continúa en “Emergencia Sanitaria” desde aquel lejano 2002. Mientras algunos se han enriquecido con el actual modelo económico nuestras representadas han quebrado o tenido que generar diferentes mecanismos de ajustes para mantener sus instituciones en funcionamiento, a saber:

•  Venta de establecimientos a Obras Sociales o Prepagos,

• Convocatoria de acreedores,

• Cierre de servicios esenciales para la población,

• Racionalización / sustitución de recursos humanos,

• Racionalización de insumos,

• Sustitución de insumos de diferente calidad,

• Diferimiento de pagos impositivos y comerciales,

• Postergación de gastos de mantenimiento,

• Postergación de inversiones.

Toda esta batería de ajustes necesariamente atenta contra la calidad médica.

Con respecto a la situación de los financiadores que son nuestros clientes, si bien de una u otra manera sentirán los efectos de la crisis, existen diferentes realidades. En el caso de las Obras Sociales Nacionales hay un correlato casi perfecto entre la evolución del PBI y su recaudación, por lo tanto en un contexto recesivo se prevé una disminución en el flujo de fondos de las Obras Sociales lo que traerá aparejado un estancamiento de los valores, demora en los pagos y débitos injustificados entre otras recetas sufridas por los prestadores en ocasiones similares. Aquellas Obras Sociales que estén relacionadas con actividades industriales o productivas serán las primeras afectadas.
Sin embargo no todas son malas noticias por el lado de la Seguridad Social. El lobby sindical ha venido consiguiendo importantes avances en pos de mejorar su recaudación. Entre las medidas más importantes figuran:

• El Ministerio de Salud aumentó en un 26% promedio el valor mínimo garantizado que deben recibir las Obras Sociales Nacionales. Los valores llevaban 2 años sin ajustarse y varían de acuerdo al sexo, al riesgo médico y a la edad de los contribuyentes. Por ejemplo, para los menores de 14 años el valor se incrementó de $22 a $28. Entre 15 y 49 años, la cuota subió de $35 a
  $44 para el varón y de $41 a $52 para las mujeres. Para los beneficiarios de entre 50 y 64 años pasó de $41 a $52 para ambos sexos. Superado los 65 años, la suba fue de $91,50 a 114,50 pesos.

• En consonancia con el punto anterior, rige un aumento del 25 % en los fondos que el Pami transfiere a las Obras Sociales que mantienen en su padrón de afiliados a sus jubilados. El monto pasa de $91,50 a $114,50,

• Un incremento del 26 % en el aporte para salud de los monotributistas y del personal doméstico. Este aporte pasa de $37 a $47 para el titular y de $31 a $39 para el familiar a cargo,

• Se eleva el tope salarial sobre el cual se calcula el aporte que hace el empleado en relación de dependencia a su Obra Social. Pasa de $4.800 a $7.800,

• Se aumenta el importe de la remuneración bruta mensual sobre las que proceden las retenciones destinadas al Fondo Solidario de Redistribución. Pasa de $1.000 a $2.400.

• Estaría por promulgarse el decreto que limita el traspaso de afiliados entre Obras Sociales.

En general el afiliado que opta por el cambio lo hace con la intención de ser atendido por alguna empresa de medicina prepaga que tenga contrato con la Obra Social de destino. Entre otras modificaciones de importancia la más relevante sería la que establece que el trabajador que desee migrar de Obra Social deberá dejar parte de su aporte en la Obra Social de origen.
Como vemos estas medidas tienden a mejorar notablemente la ecuación económico-financiera de las Obras Sociales Nacionales.
La realidad de las Obras Sociales Provinciales que dan servicios de salud a los empleados públicos de las provincias y sus municipios (docentes, policías, trabajadores municipales, bomberos, etc.), es más complicada. Son 24 entidades que prestan servicios a casi 6.000.000 de afiliados entre trabajadores y sus grupos familiares y donde sobresale, por su envergadura, la Obra Social de la Provincia de Buenos Aires, el IOMA, con casi 1.750.000 afiliados. Sus arcas se nutren mayoritariamente de los aportes de los trabajadores y de la contribución patronal que, en este caso, es el propio estado provincial.
Así como la recaudación de las Obras Sociales Nacionales va de la mano de la evolución del PBI, en el caso de las Provinciales su destino está ligado a la situación fiscal de las provincias que se encuentran en estado crítico. El escenario internacional, la recesión económica, la disminución de los fondos nacionales co-participables y, en algunas provincias, la sequía, está afectando notablemente sus economías. Tanto es así que cada vez se escucha con más fuerza el rumor de que vuelven las cuasi-monedas. Por ahora son sólo rumores desmentidos por las máximas autoridades políticas, pero “cuando el ruido suena…”
Al ver disminuidos sus ingresos fiscales las provincias deberán prestar atención a la evolución de sus gastos que son, mayoritariamente, los salarios de sus empleados. Estamos asistiendo, como sucede con cada inicio del ciclo escolar anual, a la puja entre los distintos gobiernos provinciales y los dirigentes de los gremios docentes que solicitan incremento salarial. Del eventual aumento y de que el mismo sea remunerativo por lo menos en lo que se refiere a los aportes y contribuciones a la Obras Sociales (con el objeto de no seguir desfinanciándolas), dependerá el futuro de estos financiadores tan importantes para nuestro sector.
Las asignaturas pendientes son muchas, algunas vienen de larga data y ya han sido desarrolladas en más de una oportunidad en este mismo espacio. La solución que precisa la actividad no pasa porque se nos otorgue una moratoria; debemos atacar con medidas innovadoras los problemas estructurales que padece el sector y que dieron origen, entre otras cosas, a la deuda impositiva monumental que se pretende resolver con la moratoria. Mientras exista un atraso arancelario crónico, que año a año va empeorando, sumado a una matriz tributaria absolutamente injusta que las autoridades gubernamentales se niegan a revisar, continuaremos padeciendo este estado de debilidad endémica. Hemos heredado lo peor de las décadas pasadas: la inflación de los 80 con la desregulación de los 90, en un entorno de alta movilidad en nuestros costos, ya sea por aumento de salarios o por efecto de la inflación. Mientras no exista un instrumento de actualización automática de aranceles seguiremos siendo los verdaderos financiadores del sistema, pagando primero para luego “convencer” a nuestros clientes de la necesidad de una actualización arancelaria. Desunidos, a través de esfuerzos individuales, miles de prestadores negociando con cientos de financiadores que están sentados arriba de sus recaudaciones plantea una lucha desigual, donde esta vez no será David el ganador.