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Se avecinan meses
difíciles para el Sistema de Salud. Diversas
variables macroeconómicas impactan directa y
negativamente en los costos y en su financiamiento,
tanto en el ámbito nacional como en las
jurisdicciones provinciales.
Quizá el continuado y acelerado incremento de la
“inflación” es la variable económica cuya evolución
es observada con mayor preocupación por presentarse
como una amenaza cierta para la viabilidad del
Sistema. En relación a la Salud su significación es
aún mayor a los índices representativos del conjunto
de la actividad económica nacional. La imposibilidad
fáctica de implementar soluciones sectoriales
resulta, entre otros factores, de la distorsión de
los conceptos de “oferta” y “demanda” como base
formativa de precios y valores. El problema no es
menor, toda vez que el “producto” demandado en
nuestro caso, es la Atención Médica, que no se agota
en la mera accesibilidad a las prestaciones. Durante
el curso del año 2008, la inflación soportada por
las prestaciones y servicios propios de la Salud fue
más del 40%, impactando correlativamente en los
costos empresariales del Sector en idéntico
porcentaje. Como mero indicador de situación, cabe
señalar que durante el año de referencia se
incrementó exponencialmente el precio de los
medicamentos, que en las condiciones contractuales
habituales en los “convenios modulados”, son
absorbidos por el prestador. Por esta misma
circunstancia la corrección del aludido estado de
cosas parece no constituir una prioridad en los
ámbitos decisorios gubernamentales.
 Otra
variable de significación no menor está constituida
por el incremento lento y continuado del valor del
dólar estadounidense, circunstancia especialmente
relevante en relación al tema en análisis, toda vez
que muchos de los insumos y tecnología habitualmente
empleados en la actividad son importados y se
comercializan en esa moneda.
Complementa el sombrío panorama sectorial el
fenómeno recesivo que tanto en el ámbito nacional
como en el internacional da cuenta de una
contracción económica. Esta, a su vez, conforma una
defensa elemental y espontánea ante la intensidad de
la crisis. La limitación que conlleva, irroga, a su
vez en una interminable cadena de efectos negativos,
por una baja en la recaudación en los aranceles por
importación y de las retenciones por exportación
(sumado todo a la caída de los precios
internacionales). No puede sorprender que en el
citado contexto se produzca una disminución notoria
de la recaudación impositiva; y una menor
disponibilidad de fondos para el auxilio económico
de las Provincias. Estas, a su vez, ven disminuida
la recaudación de sus propios impuestos, (con el
agravante que dieciséis de ellas están en emergencia
agropecuaria y difirieron el pago de lo que deben
oblar a los productores de este ramo).
Nuestra actividad afronta consecuentemente la
disminución de los presupuestos provinciales en
materia de Salud, de los afectados a las Obras
Sociales Provinciales, el congelamiento de los
propios de los Hospitales Provinciales y Municipales
y de nuestros aranceles (variable de ajuste
elemental del Sistema, desde la óptica facilista de
los responsables de las políticas respectivas).
Todo lo expuesto permite inducir el peligro cierto
del desplome del Sistema de Salud, en relación a sus
efectores y formulaciones tanto estatales como
privadas.
Respecto a la Seguridad Social, cabe expresar que en
estos últimos meses las Obras Sociales mostraron una
recaudación incrementada a través de medidas
evidentemente tuitivas (protectoras), como lo fueron
el aumento desde el 1 de diciembre en un 26%
promedio del valor mínimo garantizado, la
transferencia del INSSJP a las Obras Sociales de
106,094 pesos por cada jubilado que se quedó en su
OS o que optó cambiarse desde el INSSJP a otro
Agente del Sistema. A tal medida deben sumarse las
que disponen la actualización en un 30% del aporte
de salud de los monotributistas (1.180.000) y
personal doméstico (370.000), la elevación de $4.800
a 7.800 del tope salarial para calcular los aportes
personales a las Obras Sociales que hacen los
trabajadores en relación de dependencia que ganan
sueldos altos (350.000 aproximadamente), el aumento
del importe de la remuneración bruta mensual sobre
las que proceden las retenciones destinadas al Fondo
Solidario de Redistribución de $1.000 a $2.400,y el
aporte por las cotizaciones para obra social por
jornada completa de los trabajadores a tiempo
parcial. Pero a pesar del efecto positivo que
configuran las medidas aludidas, el aporte más
importante del sistema es el originado en el
Salario. Este, sin ningún género de dudas se verá
afectado negativamente por la previsible limitación
de la actividad productiva de muchos sectores, que
acudirán al recurso masivo de suspensiones,
despidos, aumentos como suma fija que no aportan a
la Seguridad Social o la opción de no incremento de
salarios para conservar el empleo.
Corroborando la tendencia observada, debe remarcarse
que ya se observan algunos de los efectos
necesarios, como por ejemplo los atrasos en los
pagos de las Obras Sociales a sus prestadores.
Como la Salud no forma parte de la Agenda de Estado,
o resulta pobremente atendida por algunos Gobiernos
tanto Nacional como Provinciales, los programas y
acciones que debieran conformar una Política de
Salud coherente y dinámica y constituyen tan solo un
plexo de decisiones parciales e inconexas, y se
encuentran expuestos a sufrir las modificaciones
resultantes de eventuales cambios de gobierno y de
la prioridad que se acuerda a las actividades
electorales en los “años políticos”, en los que la
promoción del Bien Común parece subordinarse a la
obtención del poder.
A los referidos problemas coyunturales se le agregan
los estructurales del Sector. Uno de los de mayor
relevancia es la falta de definición de la actividad
de “Salud” como prioritaria en orden al Bien
Público. Lo expuesto ocasiona que el Sector se
encuentre sometido a una carga impositiva distorsiva
e injusta. Afectan igualmente al Sistema la
litigiosidad indebida, el deterioro de la calidad,
la accesibilidad y de la equidad en la Atención
Médica; y por último pero no menos importante, la
crisis del Recurso Humano. No se aprecian conductas
ni cursos de acción tendientes a la solución del
complejo problema en análisis. Por ello, pese a
nuestro deseo en sentido contrario no cabe el
optimismo en el diagnóstico de situación y evolución
del Sector.
Estamos convencidos que la única manera de enfrentar
las crisis para que no se afecten dos Garantías
Constitucionales como son el Derecho a la Salud y a
la Atención Médica, es asegurando la sustentabilidad
económica y financiera de todo el Sistema, tanto
Estatal en sus tres niveles, como la Seguridad
Social y el Privado. Y en la voluntad plena de
respetar la dignidad de la persona, sustento pleno e
insustituible del Estado de Derecho como base de
convivencia democrática.
Este artículo fue escrito a principios de abril del
corriente año; seguramente, desde esa fecha hasta la
de su publicación algunas de las circunstancias
señaladas como amenazas potenciales podrán haberse
concretado. Pese a todo lo expuesto, los argentinos
confiamos en la creatividad de nuestro pueblo, en su
decidida vocación de construir una Patria mejor y
más justa… y en esa certidumbre sustentamos
Esperanza. |
