A esta altura de la crisis producida por el Covid-19 están claras las líneas de quiebre que enfrenta, por diversos motivos, nuestro sistema de salud. En el momento de escribir esta columna estamos todos a la espera de un mayor impacto de la demanda sobre los servicios sanitarios y el agravamiento de los indicadores provistos diariamente por el Estado nacional que hasta el momento han venido comportándose mejor de lo que se esperaba.
Las medidas de aislamiento, promovidas y respaldadas públicamente por un grupo de infectólogos y epidemiólogos convocados por la Presidencia de la Nación, parecen ser la causa principal de que la situación hoy sea mejor de lo previsto.
Queda por ver, entonces, la capacidad de respuesta asistencial frente al esperado “pico” de la pandemia, que demora en llegar. Esa será, en definitiva, la hora de la verdad.
En opinión de algunos y en forma paradójica, el relativo éxito del aislamiento empieza a ser su principal amenaza, en tanto los peores temores de la población se disipan, y empiezan a hacerse más evidentes las consecuencias económicas y sociales. Las pandemias, conviene recordarlo, no son sólo fenómenos biológicos sino, fundamentalmente, sociales y políticos.
El espíritu futbolero con el que las grandes audiencias, funcionarios y muchos expertos, comentaban cada día los números y la forma de las curvas, van cediendo espacio a la creciente preocupación de la gente por las deudas que empiezan a acumularse, los proyectos frustrados y la propia subsistencia familiar.
Quizás olvidamos que no es posible separar las estrategias sanitarias ante una crisis de estas características, de los determinantes y las consecuencias en el campo social, en su sentido amplio.
Las herramientas descriptivas y las capacidades predictivas de la epidemiología son muy atractivas, pero resultan limitadas para abarcar la complejidad de los fenómenos desatados; son obviamente necesarias, pero también insuficientes para diseñar estrategias e intervenciones más efectivas que impacten sobre la vida de las personas y no solamente sobre la enfermedad, o el virus.
En el campo de la Salud ello no debería sorprendernos: hace años que venimos hablando de los determinantes sociales de la Salud.
En cualquier caso, es un hecho que la cuestión de los servicios de salud en la Argentina y sus insuficiencias han escalado en la agenda pública. Por primera vez, en el discurso político se habla de la preeminencia de la salud sobre la economía.
Mas allá de la evidente falacia de la opción entre “PBI” o “muertes”, que en nada aporta al abordaje responsable de la situación, muchos actores sectoriales han encontrado una audiencia aparentemente dispuesta a comprender las causas de aquello que podríamos haber tenido y no tenemos, en materia de salud, y sus consecuencias concretas en términos de sufrimiento y pérdida de vidas. Se hace patente que el derrumbamiento de la riqueza nacional implicará muertes prematuras.
Así que ahora nos preguntamos qué pasará el día después del Covid-19. ¿Se producirán los cambios estructurales en el sistema, vinculados fundamentalmente a la articulación de tantos actores dispersos, la mayor eficiencia, el mejoramiento de la calidad asistencial y de gestión, y la equidad en los servicios, por ejemplo?
Veamos: es un hecho que el escenario de la economía nacional ya venía seriamente afectado antes de marzo de este año. Y sobre llovido, mojado. Se espera ahora un gravoso empeoramiento; recesión, inflación, problemas fiscales, cierre de empresas, falta de crédito, pérdida de mercados, mayor desocupación, etc. es, en grandes líneas, lo que los economistas nos dicen que debemos esperar en los próximos meses.
En términos sectoriales, ello implicará desfinanciamiento de la seguridad social y del sector privado. Ambos subsectores requieren ahora asistencia estatal, que pareciera ser la única alternativa para evitar los quebrantos generalizados entre pymes del sector.
Pero por otra parte el Estado deberá, además, fortalecer la capacidad de respuesta de sus propios hospitales para enfrentar la mayor demanda sobre el sector público; y multiplicar el esfuerzo por la asistencia a los rápidamente crecientes grupos de población que ya eran pobres antes de la crisis, más los que se convertirán en pobres durante ella.
En ese supuesto, la conflictividad social, las pujas sectoriales y del juego de presiones por parte de las corporaciones con capacidad de influencia sobre el poder político, se exacerbarán.
En esa Argentina del día después parece poco probable que la administración de gobierno encare un conjunto de transformaciones estructurales del sistema de salud que inevitablemente implicarían fortaleza para afrontar costos políticos altos, disponer de recursos para inversión, capacidad de planeamiento en el corto mediano y largo plazo, y consenso político, más allá de lo sectorial.
Por otra parte, si el Estado decide salvar a algunos sí y a otros no, es probable que asistamos a transformaciones sectoriales importantes, pero derivadas -otra vez- de la pulseada política, y no de una planificación concertada y sostenible que debería sumar eficiencia, transparencia y equidad al sistema. Una vez más.

(*) Médico, Máster en Economía y Ciencias Políticas. Gerente del Área Técnica de CA.DI.ME.