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OPINION  

 
   

Mejor política sanitaria

Luego de la decisión sobre genéricos se impone reconvertir el sistema de manera integral. 


Por el diputado nacional Aldo Neri (UCR-CAPITAL)
Ex ministro de Salud de la Nación
 

En los países centrales, con alto nivel de investigación en nuevas drogas y patentes que otorgan monopolio de mercado por veinte o más años, un genérico es la droga que dejó de estar bajo patente y puede ser fabricada por cualquier otro laboratorio, a condición de que demuestre ante la autoridad estatal de control que sus efectos son totalmente equivalentes a la original. Resulta mucho más barata que esta última, porque ya no hay razón para cargar los altos costos de investigación y, porque, además, aparece un cierto grado de competencia entre varios fabricantes. Pero todas son, en definitiva, la misma droga.

En Argentina, la historia es diferente. Hace pocos años que tenemos régimen de patentamiento de drogas. Lo que tenemos hace muchos son copias de las que fabricaban allá en el Norte, incluso de no pocas que estaban bajo patente en su país de origen; copias desarrolladas, naturalmente, con mínimo costo de investigación local.

La buena noticia es que hemos desarrollado así la mejor industria farmacéutica latinoamericana, aunque con los límites modestos que la realidad impone al mundo periférico. La mala noticia es que lo hemos hecho subsidiando la muy alta rentabilidad de nuestro relativamente pequeño mercado, a través de precios excesivos, y de un sobreconsumo alentado por la despreocupación de buena parte de la profesión médica, articulada con las expectativas exageradas de la población, producto de un marketing que confunde el progreso de la medicina con el abuso tecnológico. Resultado: treinta centavos de cada peso que gastamos los argentinos en atender nuestras enfermedades son gasto en medicamento.

Es tan dramática la caída de la cobertura médica y del ingreso familiar en la mayoría de nuestro pueblo, que aunque lográramos que los remedios costaran la mitad, muchos millones de argentinos seguirían sin accesibilidad a los mismos. Los hospitales, obras sociales y prepagas se ven en figurillas para mantener su provisión, ya muy menguada. La dirigencia médica se angustia, y no sólo por razón de humanidad, sino porque además estalló el conocimiento que ya tenía de que el costo del medicamento compite negativamente con la retribución profesional, en la estructura del gasto en salud. Los mismos fabricantes, por primera vez en su vida, ven reducirse entre un veinticinco y treinta por ciento las unidades vendidas.

En cuadro social tan dislocado fue buena iniciativa de gobierno la de exigir que el médico recete por el nombre científico del fármaco, aunque reserve el derecho a insistir con una marca, explicitando el fundamento. Pero la piedra del escándalo de la nueva norma es la autorización a que el adquirente elija, con asesoramiento del farmacéutico, entre los fármacos similares existentes, con o sin marca.

Y aquí la polémica se carga de falacias y verdades distorsionadas. Pero sostengamos que los matices terapéuticos que puedan tener tales fármacos no cancelan para nada la bondad de la norma que, entre otros efectos, induce una sana competencia de precios, desacostumbrada en este mercado.

Más allá del ruido coyuntural, esto es el comienzo de una deseable revisión de la política de medicamentos. Más aún, no entenderlo así llevaría seguramente, más adelante, al abandono por desuso de las normas hoy sancionadas, como aquella del "venta bajo receta", que alguien sancionó, muchos olvidaron y nadie cumple, en el mercado libre.


Próximos pasos

El "ajuste" de este mercado, socialmente imprescindible, no pasa sólo por enfrentar el problema de los costos, sino componentes regulatorios que separen la paja del grano y aseguren la calidad de lo que nuestra gente recibe al asistirse. Telegráficamente, apuntemos algunos asuntos prioritarios que exigen definición:

· Exclusividad del nivel nacional en la aprobación de productos para el mercado. Veinticuatro jurisdicciones provinciales con tales facultades, en un mercado único, es garantía de insuficiencia técnica, riesgo sanitario y también de corrupción.

· Reversión de la extrema permisividad de los años 90 en la incorporación de nuevos fármacos, que completó el sobredimensionamiento de un mercado de por sí inflacionario.

· Realización de las pruebas complementarias, en varios años, que una parte de las drogas existentes requieren para asegurar su completa equivalencia terapéutica (auténticos genéricos).

· Exclusividad de venta en farmacias, con exigencia de responsabilidad del farmacéutico.

· Imposición del Formulario Terapéutico —resumen de lo mejor y seguro— en hospitales y obras sociales, con disminución del IVA para ese listado, y negociación en base a precios de referencia.

· Reforzar la penalización de falsificaciones, adulteraciones, robo y contrabando de fármacos, como delitos contra la salud pública.

· Fortalecer la provisión directa, que el Gobierno nacional ha iniciado, de medicamentos esenciales en los servicios de atención primaria del Estado, que asisten a la mayoría de familias sin otra cobertura.

La reconversión de nuestro sistema productivo de medicamentos, nacional y extranjero, la imponen los hechos, no la política. Lo que ésta tiene que lograr es el punto de equilibrio entre la garantía de acceso a fármacos de buena calidad e iguales para todos los habitantes de esta tierra, y un desarrollo industrial que tiene ya una indispensable proyección exportadora. Los consumidores deben ser beneficiarios de ese desarrollo, no sus víctimas.

Esto exige evitar la demonización de los protagonistas, negociar y consensuar. Porque este mercado es asunto público diferente al de las bebidas gaseosas o espirituosas, por ejemplo. No se trata del placer, sino del sufrimiento.-

 

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