Se acerca un año electoral y con ello una oportunidad para mejorar la salud en la Argentina. Es posible que nuestra clase política esté mejor predispuesta a escuchar a los que viven día a día los problemas, las falencias y las distorsiones que afectan al sistema sanitario. Y que bien conocen sus fortalezas y virtudes.
La salud ha dejado de ser un tema marginal para la sociedad que contó con una poderosa herramienta para enfrentar la pandemia. Quien asuma en diciembre de 2023 tendrá que atender la demanda de la sociedad de estar respaldada por un sistema sanitario sólido, sin las fisuras que hoy lo resquebrajan tanto en el subsector público, como en el privado y la Seguridad Social.
Será el momento de revisar varias de las decisiones erradas que desde los tres poderes del Estado se vienen tomando desde hace décadas. Pero no hay lugar para ensayos extremos y compulsivos.
La emergencia que atravesó el país -y que continúa amenazando con repetirse- dejó una enseñanza: no es una buena decisión tener a la salud privada y a la Seguridad Social indefensas.
La gestión de la Superintendencia de Servicios de Salud en este último año sentó un importante antecedente al medir e informar la evolución del gasto en salud en un índice de Costos de Salud como dato fundamental a la hora de actualizar los ingresos del sistema.
Las disparadas del dólar que impactan en los insumos y equipos, la alocada carrera ascendente del costo de los tratamientos especiales (cada vez de mayor incidencia) y la inflación que deteriora los sueldos deben, necesariamente, corresponderse con los ingresos del sistema privado.
Pero claramente subsistir en el corto plazo no alcanza para enfrentar los desafíos que nos esperan a la vuelta de la esquina: los costos millonarios de los nuevos tratamientos, el envejecimiento de la población, el avance de las enfermedades crónicas, la posibilidad de nuevas epidemias, y la falta de transparencia y control de proveedores de insumos médicos, entre otros.
Para lograr la sustentabilidad de todo el sistema a largo plazo es necesario, entre otros aspectos, un PMO en base a prioridades y posibilidades de financiamiento.
Se deben generar órganos de concertación de niveles estatales y sector privado para convenir regulaciones y compromisos interestatales o estatal-privados. En estos órganos también deben tener voz los usuarios del sistema.
Es necesario crear un fondo para financiar enfermedades catastróficas. La cobertura se debe regular en forma racional y su atención -en todos los subsectores- debe realizarse según protocolos validados a nivel nacional, basados en la evidencia y utilizando tecnologías evaluadas y aprobadas por las más prestigiosas agencias internacionales para terminar con la judicialización de la salud.
Para hacer una reforma que funcione, primero hay que ordenar el sistema, corrigiendo sus distorsiones.
Desde CEMPRA estamos trabajando con nuestros equipos para presentar propuestas fundadas, que aporten ideas, que sumen conocimiento y que contribuyan a alcanzar soluciones aplicables que permitan devolver equilibrio al sistema, fortalecerlo y poder brindar una respuesta más eficiente y equitativa a las necesidades de atención sanitaria de los argentinos.

(*) Presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada (CEMPRA) - Miembro de la UAS.