El poder social y político es la capacidad de influir en el
comportamiento de otras personas con la probabilidad de imponer
la propia. Por tal razón el poder por sí mismo está obligado a
restringir las libertades de quienes no lo ejercen.
En consecuencia, si la política es buscar poder su fin no es el
bien común. Sin embargo, para persistir y tener más poder es
necesario que ofrezca y cumpla en alguna medida con uno o más
valores como la gratuidad o la justicia, para justificarse. De
allí la ambivalencia de todo poder político, a la vez que busca
fortalecerse utiliza para ello algún valor como caballo de
Troya.
Si bien el poder es necesario, puede ser bien o mal usado, de
donde resulta su contenido de peligrosidad. Pero es el ciudadano
quien simplifica la política de tal manera que nada puede
resolverse sin que el poder lo resuelva, lo que incrementa el
poder.
¿Qué se espera de los actores con poder del Sistema de Atención
Médica?
Que resuelvan la situación económica para sostener el actual
sistema instalado desde hace años o investigar las causas de su
mal desempeño que nunca acumuló tantas críticas como en la
actualidad.
Nuestro Sistema de Atención Médica no nació de un acuerdo,
estrategia y definición sobre cuál sería su organización, sino
que es el resultado de un largo proceso de decisiones políticas
del gobierno y de sectores empoderados, dando lugar a la
financiación privada de la cobertura médica a través de
impuestos contributivos que en el caso de las múltiples cajas
(OSN) no administra el Estado sino organizaciones de carácter
privado.
Se originan así otros subsectores algunos de organización
unitaria y otros de carácter federal: 1) Obras Sociales
Nacionales; 2) Obras Sociales Provinciales; 3) La Medicina
Privada asociada o vinculada a las Obras Sociales; 4) Los
Prepagos; 5) El Programa Nacional Sumar para población sin
cobertura formal; 6) El Hospital Público.
Todo ello implica la segmentación de la población que también se
da dentro del mismo sector caracterizada por los planes de
cobertura para distintas capacidades adquisitivas. Se han
planteado distintas reformas como respuesta a la permanente
crisis en función de su eficiencia y financiación.
Las reformas que no prosperaron son las que plantearon un modelo
redistributivo de los recursos, resultado del promedio de la
recaudación dividido por el número de beneficiarios (Proyecto
OSAM) u otro técnicamente mejor calculando el riesgo según sexo
y edad. También quedó sin efecto por falta de uso la Ley 22.269
que reemplazaba a la 18.610 y posteriormente derogada por la
23.661.
En cambio, una reforma aplaudida fue la del Decreto 9/93 PEN que
estableció la libre contratación y que definió los rasgos de una
reforma con la que se inicia la salida del esquema solidario y
la entrada a la segmentación de la población caracterizada por
la profusión de planes según capacidad adquisitiva y los
acuerdos con la medicina privada.
En definitiva, las Obras Sociales Nacionales se transformaron en
una suerte de Prepago con afiliación obligatoria.
La supresión de los Institutos de Obra social y el
arancelamiento hospitalario evidencian la mayor desvinculación
del Estado en la financiación de la atención médica. Los
hospitales dada su centralización y falta de incentivos nunca
alcanzaron una capacidad suficiente de facturación con la que se
suponía debían mejorar su presupuesto.
No obstante sus viejas estructuras y su funcionamiento de cuatro
horas siguen prestando atención en particular en los servicios
de emergencia.
Lo importante de las leyes es descubrir y respetar su espíritu y
axiología. Muchas veces el poder los desvirtúa a través de la
interpretación de su texto al que recurren los poderosos de modo
tal que su cumplimiento termina siendo optativo o parcial como
sucede con la Ley 23.661.
Este es el resultado de un largo proceso donde los actores con
poder han tomado decisiones pero que no se oyeron voces ante los
resultados insatisfactorios como se escuchan ahora cuando los
cambios resultan difíciles en virtud de la autonomía y poder que
han adquirido los actores
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