El poder social y político es la capacidad de influir en el comportamiento de otras personas con la probabilidad de imponer la propia. Por tal razón el poder por sí mismo está obligado a restringir las libertades de quienes no lo ejercen.
En consecuencia, si la política es buscar poder su fin no es el bien común. Sin embargo, para persistir y tener más poder es necesario que ofrezca y cumpla en alguna medida con uno o más valores como la gratuidad o la justicia, para justificarse. De allí la ambivalencia de todo poder político, a la vez que busca fortalecerse utiliza para ello algún valor como caballo de Troya.
Si bien el poder es necesario, puede ser bien o mal usado, de donde resulta su contenido de peligrosidad. Pero es el ciudadano quien simplifica la política de tal manera que nada puede resolverse sin que el poder lo resuelva, lo que incrementa el poder.
¿Qué se espera de los actores con poder del Sistema de Atención Médica?
Que resuelvan la situación económica para sostener el actual sistema instalado desde hace años o investigar las causas de su mal desempeño que nunca acumuló tantas críticas como en la actualidad.
Nuestro Sistema de Atención Médica no nació de un acuerdo, estrategia y definición sobre cuál sería su organización, sino que es el resultado de un largo proceso de decisiones políticas del gobierno y de sectores empoderados, dando lugar a la financiación privada de la cobertura médica a través de impuestos contributivos que en el caso de las múltiples cajas (OSN) no administra el Estado sino organizaciones de carácter privado.
Se originan así otros subsectores algunos de organización unitaria y otros de carácter federal: 1) Obras Sociales Nacionales; 2) Obras Sociales Provinciales; 3) La Medicina Privada asociada o vinculada a las Obras Sociales; 4) Los Prepagos; 5) El Programa Nacional Sumar para población sin cobertura formal; 6) El Hospital Público.
Todo ello implica la segmentación de la población que también se da dentro del mismo sector caracterizada por los planes de cobertura para distintas capacidades adquisitivas. Se han planteado distintas reformas como respuesta a la permanente crisis en función de su eficiencia y financiación.
Las reformas que no prosperaron son las que plantearon un modelo redistributivo de los recursos, resultado del promedio de la recaudación dividido por el número de beneficiarios (Proyecto OSAM) u otro técnicamente mejor calculando el riesgo según sexo y edad. También quedó sin efecto por falta de uso la Ley 22.269 que reemplazaba a la 18.610 y posteriormente derogada por la 23.661.
En cambio, una reforma aplaudida fue la del Decreto 9/93 PEN que estableció la libre contratación y que definió los rasgos de una reforma con la que se inicia la salida del esquema solidario y la entrada a la segmentación de la población caracterizada por la profusión de planes según capacidad adquisitiva y los acuerdos con la medicina privada.
En definitiva, las Obras Sociales Nacionales se transformaron en una suerte de Prepago con afiliación obligatoria.
La supresión de los Institutos de Obra social y el arancelamiento hospitalario evidencian la mayor desvinculación del Estado en la financiación de la atención médica. Los hospitales dada su centralización y falta de incentivos nunca alcanzaron una capacidad suficiente de facturación con la que se suponía debían mejorar su presupuesto.
No obstante sus viejas estructuras y su funcionamiento de cuatro horas siguen prestando atención en particular en los servicios de emergencia.
Lo importante de las leyes es descubrir y respetar su espíritu y axiología. Muchas veces el poder los desvirtúa a través de la interpretación de su texto al que recurren los poderosos de modo tal que su cumplimiento termina siendo optativo o parcial como sucede con la Ley 23.661.
Este es el resultado de un largo proceso donde los actores con poder han tomado decisiones pero que no se oyeron voces ante los resultados insatisfactorios como se escuchan ahora cuando los cambios resultan difíciles en virtud de la autonomía y poder que han adquirido los actores