Conforme los trabajadores se han ido cristalizando en su informalización, y aparecen nuevas capas de ingresantes al mundo laboral que engrosan la misma, los grupos familiares que los integran continúan empobreciéndose en un peligroso círculo vicioso entre trabajo precario, pobreza y riesgo de enfermedad.
Lo que queda expuesto es como se va alejando el tradicional círculo virtuoso del trabajo y del capital humano como parte del capital productivo y social para pasar a ser reemplazado por el círculo vicioso de la desprotección social y la carencia de seguridades básicas.

El nuevo modelo contractual entre empresa y trabajador reemplaza al de tiempo fijo e indeterminado por una variante flexible y temporal, en la cual las cargas sociales se van di- luyendo en el nuevo “salario”. Este trabajador, ahora temporario y precarizado en sus derechos, resulta comparable al obrero destajista intermitente de la segunda revolución industrial.

¿Cómo impacta el nuevo escenario social del trabajo sobre la clásica protección social y la cobertura y accesibilidad a la salud?

Analizando el componente de financiamiento del sistema sanitario, casi toda América Latina entró en crisis desde los años 90 respecto de la disponibilidad de recursos genuinos para cubrir el seguro social de salud, históricamente vinculado al empleo formal desde la tradición del contrato laboral.
Todo trabajador en relación de dependencia y legalmente registrado como tal ingresaba al seguro solidario sin restricciones ni exclusiones para el uso de los servicios asistenciales, a partir de su condición de aportante desde el salario. A lo que sumaba la contribución del empleador. Eventuales diferencias verticales de escala salarial se diluían dentro del pool financiero del seguro, al igual que lo hacían los riesgos individuales.
Quedaba para los pobres o los sin trabajo la provisión de cobertura asistencial por parte del sector estatal, financiado a partir de rentas generales. Y para los de mayores ingresos, la alternativa de una franja de seguros privados de enfermedad, cuyas primas se erogaban directamente “de bolsillo”.
Al profundizarse la precarización e informalización del trabajo, la caída del número de los aportantes resultó significativa, paralela a la de los fondos de los seguros. Más aún si se le suma la baja del salario medio de la economía.
Por lo tanto no solo se redujo el número de asegurados, sino también las posibilidades efectivas de financiar en forma efectiva lo que se observa como expansión creciente y poco eficiente del gasto en salud.
El resultado se plasma en una desigual utilización de los servicios asistenciales, especialmente en casos de enfermedades catastróficas por su impacto en la economía familiar. Y esto va modificando a su vez el perfil de la oferta de atención sanitaria, en función de las particularidades personales y socio-económicas que posee la nueva demanda informalizada y desprotegida frente a la necesidad de obtener atención médica.
La seguridad social se transformó gradualmente en inseguridad social. Mayores dificultades de acceso al sistema de salud, barreras de entrada económicas por bajos ingresos, vulnerabilidad extrema a gastos directos o de bolsillo en los quintiles más bajos de la población -especialmente en medicamentos- y un aumento creciente del riesgo socio-sanitario son caras de una misma moneda vinculada a la ruptura entre contrato laboral y protección social.
De la misma forma se le asocia el problema del envejecimiento, que determina que la carga de enfermedades no transmisibles aumente indefectiblemente en el tiempo, lo que lleva a suponer una creciente demanda de servicios públicos de salud de costos crecientes.
El modelo de Seguridad Social bismarckiano tradicional ya no puede aparecer como el aglutinador del progreso social. Por el contrario, se configura como una parte más dentro de un amplio sistema polimorfo, de fronteras difusas y mayor complejidad en los mecanismos de protección de las personas, donde se entremezclan aportes y contribuciones, subsidios cruzados y transferencias en un escenario atravesado por la subocupación y la precarización laboral.
La disminución del volumen de aportes al esquema de protección social en salud no es sino el preludio del desmoronamiento de la base tributaria salarial que sostenía sus cimientos. Ahora bien, el principal desafío aun no debatido para la cuestión de la salud en el tercer decenio del siglo XXI es encontrar una nueva política en el campo de Protección Social que permita evitar la vulnerabilidad financiera de la enfermedad y su impacto sobre el capital humano, y a la vez incrementar el capital social.
Si el objetivo de una reconversión macroeconómica es -además de la modernización necesaria- un giro de 180 grados en la filosofía tradicional del binomio crecimiento y desarrollo, el problema es como hacer más eficiente el gasto social sin distorsionar los objetivos de compensación financiera para los más necesitados.
En especial cuando, como imagen del avance de la des- protección social, el componente más importante del Gasto Nacional en salud comienza a ser el Gasto Privado o de bolsillo de los hogares. Situación que demuestra una significativa inequidad de financiamiento, al quedar favorecidos solo los individuos con mayor capacidad económica,

¿Cuáles son los aspectos básicos de la Protección Social en Salud sobre los que debiera seguir insistiéndose en el mediano y largo plazo?

En primer lugar, si se mantiene o desparece el concepto de protección solidaria que garantice igualdad de oportunidades. El segundo se vincula a lo político. La salud, como la educación, no es la representación de los intereses de un sector ideológico o de una corporación u oligopolio, sino que ambas deben constituirse en políticas de Estado donde éste resulte garante final.
Y como tal, exige un principio básico. Consenso social que permita mínimo sustento para la acción político - técnica específica. Algo que todavía no se ha construido adecuadamente, vistas las pujas de intereses, así como las alianzas y oposiciones que se observan en el territorio de las decisiones educativas y sanitarias.
Sin pausa, pero con prisa, las actuales generaciones de trabajadores fuera del esquema legal laboral han hipotecado su futuro previsional y la cobertura de su salud, sin crédito social a la vista.
Entonces ¿No resulta acaso una contradicción perpetuar sistemas de protección social egoístamente acotados a trabajadores “de primera” -en desmedro de similares pares ocupados pero “de segunda”- en lugar de buscar nuevos esquemas aseguradores para resolver la deuda social a futuro? ¿Es lógico mantener a todos los ocupados sin cobertura aseguradora como free riders del sistema público, cuando algunos podrían hacerse cargo de un “boleto social”?

En un campo donde la política tiene enorme injerencia como es lo social, sería útil dejar de lado suspicacias o academicismos extremos para evitar esterilizar la cuestión de la protección social en salud y aportar, a través de diagnósticos precisos y herramientas adecuadas, solución a los complejos interrogantes que forman parte de la realidad profunda del escenario social y económico de la Argentina de hoy y del futuro.