Recientemente la vicepresidente de la nación manifestó la
necesidad de una reforma al sistema de salud de nuestro país. De
hecho, es la segunda ocasión en que lo hace en un corto plazo.
Con esa afirmación tan genérica nadie puede estar en desacuerdo.
El sistema de salud argentino está en crisis hace muchísimos
años y requiere de cambios profundos. Es un sistema altamente
ineficiente e inequitativo. A pesar del alto gasto en salud (un
9 % del PBI) sus resultados son malos. O al menos no son todo lo
bueno que pudiesen ser.
También se puede llegar a coincidir con varias de las
afirmaciones realizadas en los documentos que están circulando y
a los que se les asigna el marco conceptual de lo que se
pretendería con esta reforma.
Sin embargo, al provenir esta propuesta desde las más altas
esferas del gobierno actual, debemos analizar que ha venido
ocurriendo en la realidad teniendo en cuenta que es el mismo
grupo político que viene gobernando el país desde 2002 a la
fecha con una interrupción de los cuatro años de gobierno de la
actual oposición.
¿Qué pasó con el sistema de salud
desde 2002?
El sector salud entró en emergencia durante el año 2002 a partir
de la sanción del decreto N° 486/02. A pesar de las mejoras de
la macroeconomía (2003-2008) permaneció en la emergencia con
todas las excepcionalidades que esa situación tiene. Este
decreto con algunas modificaciones fue prorrogado hasta 2018.
En diciembre de 2019 durante el gobierno de Alberto Fernández y
su ministro Gines González García, fue sancionado nuevamente el
estado de Emergencia Sanitaria mediante la Ley 27.541 de
Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la
Emergencia Pública.
Esta ley tuvo grandes similitudes con aquel decreto funda-
mentalmente otorgando amplias potestades al ministerio para la
compra de insumos en general y respecto al tema medicamentos.
En el año 2004 el Ministerio de salud de la nación aprueba el
Plan Federal de Salud 2004 – 2007, al cual adhieren todas las
provincias argentinas. Este plan proponía llevar a cabo un
“sendero de reformas” a partir de la implementación de una serie
de metas, las cuales podemos agrupar en dos: el primero de los
grupos incluye a un conjunto de programas, iniciativas y metas
en los niveles de salud de la población; el segundo agrupa
acciones y metas destinadas a mejorar el sistema en cuanto a la
cobertura explícita de la población sin protección formal (o si
se quiere con cobertura exclusiva del Estado), a la
implementación de nuevos modelos de financiamiento hacia las
provincias, a nuevos modelos de atención, de accesibilidad a los
medicamentos, de regulación y de gestión. Incluso se proponía
metas para mejorar la performance de las Obras Sociales. Ninguna
meta o proyecto referente a este segundo grupo de reformas del
sistema se implementó (salvo alguna honrosa excepción).
El sistema de salud siguió con su ineficiencia e inequidad
crónica.
El equipo actual que conduce el gobierno nacional pertenece al
mismo grupo político técnico que el de aquel entonces. Sin
embargo, las propuestas de reforma actual parecen venir de otro
grupo interno del gobierno, quienes actualmente están
conduciendo la salud en la provincia de Buenos Aires. Entonces
es conveniente ver que está pasando en la Provincia de los
impulsores de la reforma actual.
Todos los indicadores salud que se analicen en la provincia de
Buenos Aires (extensivo a todo el país) nos muestran una enorme
inequidad entre quienes tienen cobertura de la seguridad social
y prepagas médicas y los que tienen cobertura exclusiva del
Estado a favor de los primeros. Lo mismo ocurre con los
indicadores de acceso y de calidad. Sin embargo, en la práctica
no se está desarrollando ninguna actividad de reforma en el
sector público.
Sí se está avanzando silenciosamente en un cambio en el modelo
de atención del IOMA (Obra Social de los estatales de la
provincia). El IOMA es la segunda Obra Social en importancia
después del PAMI. Estos cambios que se vienen desarrollando
apuntan a modificar el modelo de atención planteando efectores
propios tanto de primer nivel como del segundo nivel, o sea un
modelo integrado verticalmente al igual que el actual del sector
público.
Esto se está realizando sin un plan preestablecido, ni metas
concretas, ni explicitación de los objetivos perseguidos o los
resultados en término de eficiencia, calidad o mejoras en la
salud de los beneficiarios. Llama aún más la atención que
durante el año 2020, en donde las prestaciones cayeron en
porcentajes muy altos producto de la pandemia y por ende el
gasto del IOMA en prestaciones, esta obra social haya tenido un
superávit financiero de 8.000 millones de pesos según un informe
de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que integra el
directorio, cifra que de haber sido volcada al sistema de salud
hubiera mejorado mucho su performance.
Esta “reforma” del IOMA tiene un claro sesgo ideológico y
político, sin un claro objetivo de mejorar la performance en la
eficiencia o en la calidad de atención. Por el contrario, de
seguir en ese camino se transformará al IOMA en una obra social
ineficiente y con mala calidad de atención con población
cautiva.
La necesidad de una reforma
Está clara la necesidad de una reforma del sistema. Pero no
queda muy claro qué tipo de reforma necesitamos. Las reformas en
todo el mundo se han dado a fin de solucionar problemas
concretos como lo son presiones en cuanto a cambios
epidemiológicos y demográficos, inequidades en los niveles de
salud, en el acceso, en la calidad, en la satisfacción de la
población o en incrementos de costos a niveles de no hacer
sostenible el sistema.
En el caso de los cambios propuestos en el IOMA surgen razones
ideológicas y políticas en donde no se visualiza cual es el
objetivo central de estos.
Debemos ser cuidadosos de apoyar cualquier tipo de reforma solo
por el hecho de hacerlo, ya que de no tener claro qué tipo de
reforma necesitamos podemos estar peor que ahora y destruir lo
poco que aún está quedando en pie de un sistema desbastado..
(*)
Médico -
Especialista en Salud Pública |
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