En el ejemplar N° 74 de la Revista Médicos del mes de mayo de 2013, presentamos un artículo titulado “Balance de dos años de vigencia de la ley de medicina prepaga”. En él, planteábamos los objetivos propuestos por sus impulsores y su correlato con la realidad, a ese tiempo.
Más de un año después de ese artículo y más de tres años de la sanción de la ley 26.682, en el ejemplar N° 80 de esta revista, en junio de 2014, publicamos otro artículo que titulamos “¿Alguien tiene interés en continuar con la regulación de la medicina prepaga?”.
Con el dictado del decreto 1993/11, reglamentario de la ley 26.682, se comenzaba un proceso de reglamentación que, entendimos, se iba a continuar.
Después de transcurridos más de 10 años de dictado el decreto referido se emitieron algunos decretos y resoluciones reglamentarios de la ley de empresas medicina prepaga, pero aún continúan pendientes de reglamentación numerosas cuestiones vinculadas con esta materia.
La primera pregunta que debemos formularnos es si es relevante o no esa falta de reglamentación. Al final de la nota contestaremos esta pregunta, pero antes analizaremos algunas de las reglamentaciones pendientes de emisión.
Consideramos importante destacar que hay algunos temas sobre los que sí se ha avanzado, por ejemplo, el vinculado a los aumentos de los planes.
Desde el comienzo de la vigencia de la ley de medicina prepaga se han dictado numerosas resoluciones del Ministerio de Salud que han autorizado el incremento de los valores de los planes y se han pronunciado respecto de aquellas entidades que se hubieran excedido en la aplicación de los porcentuales autorizados.
De todos modos, podría mejorarse esta situación si se pudiere regular la estructura de costos y el procedimiento que debe seguirse para determinar las autorizaciones de aumentos de cuota a las empresas de medicina prepaga (conf. art. 17, ley Nº 26.682). Ello brindaría más transparencia al sistema, a la vez que dejaría menos margen de discrecionalidad para aplicar aumentos que no respeten los parámetros preestablecidos.
Como criterio de buena práctica legislativa consideramos necesario que la reglamentación de las cuestiones aún pendientes debe concebirse de un modo integral. Ello así porque es frecuente que, cuando tratamos algún aspecto específico sobre el tema que fuere, perdemos perspectiva de la consecuencia e impacto que tiene esa reglamentación especial con relación al todo.
Creemos que sería conveniente definir un criterio y regular la forma en que se deben aplicar las franjas etarias en los planes que ofrecen las empresas de medicina prepaga (conf. arts. 12 y 17, ley Nº 26.682).
Existen numerosas denuncias de usuarios presentadas ante la Superintendencia de Servicios de Salud e incluso denuncias judiciales individuales y colectivas –impulsadas por diversas asociaciones de consumidores-, con respecto a este tema, por la opacidad normativa y/o por la falta de claridad de las empresas mencionadas al momento de ofrecer y suscribir los contratos con sus clientes.
Esta cuestión debería ser complementada con una resolución que imponga la obligación de que estos contratos de adhesión contengan cláusulas mínimas (conf. art. 8 de la ley 26.682).
Se debería también regular la forma de presentación de pedidos de valorización de situaciones preexistentes (con criterios de cuándo proceden) y fijar valores predeterminados para las patologías que más se requieren (conf. art. 10, ley Nº 26.682).
También se deben reglamentar los datos demográficos, epidemiológicos, prestacionales y económico-financieros a requerir a las empresas de medicina prepaga, sobre la base de lo dispuesto por el art. 5º, inc. l) de la ley Nº 26.682.
Por su parte, propiciamos regular la forma en que los beneficiarios desregulados deben aportar al Fondo Solidario de Redistribución.
Cabe recordar el art. 23 de la ley 26.682:
“Por los planes de adhesión voluntaria o planes superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud no se realizarán aportes al Fondo Solidario de Redistribución ni se recibirán reintegros ni otro tipo de aportes por parte de la Administración de Programas Especiales”.
Es decir, entonces, que la consecuencia de tener adherentes y planes superadores representa no efectuar aportes al Fondo Solidario de Redistribución, así como la pérdida de recuperos y/o subsidios del Sistema Único de Reintegro (SUR).
Consideramos oportuno proceder a la derogación de este artículo, a los efectos de que todos los beneficiarios de las obras sociales aporten el porcentaje previsto para integrar el Fondo Solidario de Redistribución.
Tampoco se ha avanzado acerca de las condiciones que impone la ley para ser considerada una Empresa de Medicina Prepaga en cuanto a los capitales mínimos. En síntesis, éstas son algunas de las cuestiones que aún hay que reglamentar.
Contestando el interrogante que formulamos al comienzo de esta nota, estamos convencidos que es importante proceder a la reglamentación pendiente de la ley de empresas de medicina prepaga porque de ese modo, entre otras razones, se otorgará una mayor certidumbre jurídica a los usuarios y a los propios financiadores, se podrá controlar de modo más eficaz la calidad de la cobertura médico-prestacional que deben brindar las empresas, se asegurará una asignación más eficiente de los recursos, se podrán adoptar medidas políticas de carácter sanitario, sobre la base de antecedentes más sólidos y precisos