Han tenido amplia publicidad en casi todos los medios de comunicación, tanto la advertencia formulada por la Conferencia Episcopal Argentina respecto de las prestaciones sobre discapacidad, como el informe de la Confederación General del Trabajo sobre la crisis terminal de las obras sociales sindicales. Los datos que este informe contiene comparan tanto la cápita promedio del sistema (alrededor de $ 65.000), con el costo del Programa Médico Obligatorio ($ 85.000), que más del 78% de la población del sistema pertenece a Agentes del Seguro de Salud que no están en condiciones financieras de cubrir el PMO y que representan aproximadamente a once millones de afiliados.
Los datos referidos han trascendido más allá de las fronteras de las obras sociales sindicales, tanto que el artículo de IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) que no se caracteriza por elogiar o defender a las obras sociales sindicales, lo ha refrendado afirmando que “El sistema de las obras sociales y de las empresas de medicina prepaga está colapsado”. (1)
En el referido informe de la CGT, se hace mención de otros componentes de la crisis que intentaremos tratar en este artículo. Lo cierto es que desde el Decreto de Necesidad y Urgencia n° 70/2023 se han instaurado diversas reformas en el sistema de salud que, a dos años vista, no parecieran haber logrado un mejoramiento de la salud de los argentinos.

Desde el ángulo que lo miremos, el sistema colapsa. Veamos:

a) Desde las obras sociales sindicales: el informe es lapidario y refleja la realidad de ese sector. Los salarios no acompañan a los índices inflacionarios (están muy por debajo) y es tiempo de poner en discusión -como ya lo hemos planteado en números anteriores- el financiamiento exclusivo por aportes y contribuciones. Más adelante acompañaremos un cuadro que refleja cuál es la situación del mundo laboral y la incorporación de pequeños contribuyentes.

b) Desde las empresas de medicina prepaga: el artículo de IDESA, si bien plantea que la crisis está reflejada en la vigencia de un PMO que no se puede financiar y que la solución debe orientarse a establecer una canasta de prestaciones “financiable”, adhiere a la postura de la CGT y afirma que también las empresas de medicina prepaga están en crisis.

c) Desde los prestadores: históricamente, los prestadores institucionales y los prestadores individuales han sido los “patos de la boda” de la manta corta de los recursos del sistema de salud. Siempre han sido los que soportan el ajuste de la falta de financiamiento. Es oportuno aclarar aquí que los prestadores de cuatro provincias (Neuquén, Rio Negro, La Pampa y Chubut) al momento de redactar este artículo han manifestado su decisión de suspender los turnos de consultas médicas, prácticas y procedimientos ambulatorios a afiliados de PAMI por el retraso en los pagos. (2)

Pero no nos limitemos a los financiadores y los prestadores.

d) Los monotributistas: el Estado ha instaurado desde antaño un sistema que contiene a los pequeños contribuyentes brindándole el PMO por la módica suma de casi veintidós mil pesos ($ 22.000), menos el 10% al Fondo Solidario de Redistribución. Nadie que se precie de conocer siquiera someramente el sistema puede concluir que se puede financiar salud por ese importe, máxime si tenemos en cuenta que al costo del PMO asciende actualmente a $ 85.000 como surge del informe del que resulta un 290% inferior. Por otro lado, debemos señalar que es la única relación de trabajo que ha crecido en este último tiempo. El cuadro que aquí se acompaña, refleja esa circunstancia.

e) Los jubilados: han sido los más perjudicados con estos cambios normativos, ya que han sido expresamente excluidos de toda reforma. Las obras sociales que brindan servicios a los jubilados (3) perciben del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) una cápita que asciende a $ 48.269,60.

Si bien perciben una suma parecida establecida por el subsidio denominado “SUMA 65”, instituido a través del decreto 1368/2013, (4) lo cierto es que este último importe proviene del Fondo Solidario de Redistribución y no de los recursos del PAMI. Por otro lado, la situación prestacional de PAMI atraviesa un momento crítico al mes de abril de 2026, con reportes de corte de servicios y restricciones en la atención por parte de clínicas y sanatorios, farmacias y profesionales en diversos puntos del país.
 

f) La discapacidad: ya hemos escrito hasta el hartazgo sobre la situación de las personas con discapacidad. Tanto en lo que se refiere a las coberturas que la ley pone en cabeza de los agentes de salud que no son prestaciones médico-asistenciales (transporte y educación) como también en los reclamos que se han instalado como moda sobre aquellos jubilados que obtienen el CUD (certificado único de discapacidad) y reclaman prestaciones que no están previstas en la ley 23.660, como puede ser geriatría.

Resulta indiscutible y lógico que quien gana las elecciones tiene el derecho a elegir y decidir las políticas que quiere desarrollar. Con la conducción y la rectoría de las autoridades legítimamente elegidas, entendemos que algunas de las dificultades que atraviesa el sistema de salud de la República Argentina, podrían ser eliminadas o al menos morigeradas si se pudiere crear un ámbito de diálogo.
Solo a título de ejemplo, a nuestro criterio, estamos convencidos que, en un espacio de consenso, se podría mejorar la relación entre los subsistemas de salud, la coordinación de la cobertura y del financiamiento con las provincias, el establecimiento de un nomenclador uniforme de prestaciones de la seguridad social, políticas de armonización de cobertura a jubilados, etc.
En este sentido, la Conferencia Episcopal Argentina se ha puesto a disposición de las autoridades, a los efectos de contribuir a una solución, en el marco de un diálogo común.
Además, la posibilidad de obtener un ámbito de consenso de donde surjan acuerdos permitiría generar políticas públicas más sólidas que puedan perdurar con el paso del tiempo.

Nunca es tarde para encontrar caminos de diálogo que nos permitan intercambiar ideas, experiencias, propuestas, para generar un Sistema de Salud más sustentable, de mejor calidad y con mejores servicios.

Bibliografía:
1) https://idesa.org/wp-content/uploads/2026/04/Informe-Nacional-19-4-26.docx.pdf
2) https://www.lanacion.com.ar/economia/pami-clinicas-de-cuatro-provincias-advierten-que-van-restringiendo-la-atencion-a-pacientes-por-el-nid24042026/
3) Adicionamos que las empresas de medicina prepaga no reciben jubilados por opción de cambio.
4) Con las modificaciones establecidas por el Decreto 554/2018.