En los últimos años, se reiteran preocupaciones, quejas y angustias vinculadas con la dificultad de alcanzar un financiamiento adecuado para otorgar las prestaciones médico-asistenciales que exige la realidad actual del Sistema de Salud.
En varias notas anteriores publicadas en esta revista, nos referimos a este tema. Aquí, intentaremos sugerir algunas herramientas que puedan mitigar parcialmente esta dificultad.
Cabe recordar que hace ya 18 años se dictó el decreto 317/2005 -denominado de regionalización de obras sociales-, que tuvo, entre otros objetivos, otorgarles a las obras sociales un instrumento que les permitiera contratar servicios a mejores precios.
En esta norma se indicaba que se había podido constatar que, en determinadas regiones del país, en las que no se verificaba una gran concentración de población, un importante número de obras sociales enfrentaban dificultades para mantener la cobertura de sus beneficiarios, dado que la atomización existente les quitaba capacidad de contratación.
También se dijo allí que se estimaba procedente alentar la agrupación de beneficiarios de las obras sociales residentes en determinadas regiones del país de menor densidad poblacional, con el objeto de alcanzar un número de personas que, como masa crítica, posibilitase una mayor concentración en las contrataciones y una consecuente racionalización en la utilización de los recursos disponibles para solventar las prestaciones de salud.
Sin seguir a rajatabla el procedimiento que el decreto mencionado previó -es decir, de modo más informal-, hubo una experiencia fructífera que tuvo este objetivo en la provincia de Neuquén.
Más allá de algún otro caso en que pudo haber sido aplicada esta norma, lo cierto es que no tuvo la difusión e impacto que, a nuestro criterio, debería haber tenido.
Entendemos que, sin la necesidad de renunciar al reclamo de la obtención de nuevas fuentes de financiamiento del Sistema de Salud, entre todos podemos trabajar con herramientas que ya están disponibles en el sistema.
Por otra parte, estamos convencidos también que tenemos que intensificar los mecanismos de compras conjuntas de insumos sanitarios y medicamentos para abaratar los costos cada vez más elevados que tienen para los financiadores.
Tuvimos ejemplos exitosos en este sentido, como por ejemplo con la compra del Factor VIII, que deberíamos replicar.
Para institucionalizar un sistema de “Compras Conjuntas” deberíamos desarrollar estudios de factibilidad y de necesidades comunes, proyectos de convenios interinstitucionales, actos preparatorios, inicio del proceso de selección de compras conjuntas; y, finalmente, la ejecución de los contratos que se celebren.
En el año 2016, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social coordinó tareas que tenían este fin, con la participación de representantes de la Superintendencia de Servicios de Salud, del Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados (PAMI), del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) y del Consejo de Obras Sociales de las Universidades Nacionales (COSUN). Si bien allí no se alcanzaron los objetivos trazados al inicio de esos encuentros, se sentaron bases que pueden ser aprovechadas para desarrollar compras conjuntas de financiadores de la salud.
Con relación a este tema, la Superintendencia de Servicios de Salud ha emitido la Resolución 144/2018, creó la Comisión Asesora Técnica de Compra de Medicamentos e Insumos y Dispositivos, con el fin de “adquirir medicamentos de calidad, seguros y eficaces, en mejores condiciones económicas de mercado que las que se logran en la actualidad”.
A su vez, la propia Organización Panamericana de Salud fomenta este tipo de herramientas para facilitar el acceso de los países a los medicamentos de alto costo.
Así, Carissa F. Etienne, Directora de esta organización, sostuvo que “... para algunos países usar este mecanismo puede suponer un desafío, en particular ante la fragmentación del mercado farmacéutico, la proliferación de acuerdos de comercio que limitan la entrada en el mercado de genéricos más baratos, y la necesidad de convencer a los fabricantes de los beneficios de trabajar con esta herramienta...”; “... el acceso a medicinas seguras, de calidad y costo efectivas para todos es un requisito esencial del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, en tanto es fundamental para fortalecer los sistemas de salud. Pero asegurar un acceso equitativo a las medicinas también trae varios desafíos para los países, en tanto la compra de medicamentos es uno de los gastos de bolsillo más altos para los usuarios de los sistemas de salud...”.
La República de Chile, por ejemplo, tiene desarrollado un mecanismo de compras conjuntas de insumos y medicamentos que demuestra la eficacia de este instrumento.
Además, en el año 2019, los países del MERCOSUR acordaron crear una plataforma de compra conjunta de medicamentos de alto costo. La iniciativa tuvo el objetivo de garantizar el acceso a productos que pesan en el presupuesto de los diversos países y de ayudar a ampliar el acceso a los tratamientos y la sostenibilidad de sus sistemas de salud.
Si se adoptaren determinados procesos de adaptación y se cumplieren con estándares internacionales de seguridad, calidad y eficacia, se podría solicitar apoyo financiero al Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Resulta inequívoco que, si rápidamente no encontramos una solución para asegurar el acceso a medicamentos de muy alto precio, nuestro sistema de salud puede ir a la bancarrota.
Otra de las medidas que, entendemos, mejoraría la situación financiera del sistema, es la de incentivar la estrategia de celebración de contratos de riesgo compartido, es decir, desarrollar instrumentos que permitan vincular el precio y la financiación de ciertas innovaciones sanitarias a sus resultados económico-financieros y sanitarios; y que, de este modo, cubran los resultados con efectividad, tanto desde el punto de vista del impacto presupuestario, como de la relación remuneración/resultados.
Es una estrategia que se está desarrollando en distintas partes del mundo y que tuvo su reflejo exitoso en nuestro país, mediante la cual el Estado nacional garantizará el acceso a la terapia génica de un laboratorio para el tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal (AME), independientemente del tipo de cobertura de los pacientes.
Por supuesto que las propuestas contenidas en este artículo no son excluyentes; sino complementarias, y tienen por fin aportar ideas para ir solucionando el déficit crónico de financiamiento que padece nuestro Sistema de Salud