En los últimos años, se reiteran preocupaciones, quejas y
angustias vinculadas con la dificultad de alcanzar un
financiamiento adecuado para otorgar las prestaciones
médico-asistenciales que exige la realidad actual del Sistema de
Salud.
En varias notas anteriores publicadas en esta revista, nos
referimos a este tema. Aquí, intentaremos sugerir algunas
herramientas que puedan mitigar parcialmente esta dificultad.
Cabe recordar que hace ya 18 años se dictó el decreto 317/2005
-denominado de regionalización de obras sociales-, que tuvo,
entre otros objetivos, otorgarles a las obras sociales un
instrumento que les permitiera contratar servicios a mejores
precios.
En esta norma se indicaba que se había podido constatar que, en
determinadas regiones del país, en las que no se verificaba una
gran concentración de población, un importante número de obras
sociales enfrentaban dificultades para mantener la cobertura de
sus beneficiarios, dado que la atomización existente les quitaba
capacidad de contratación.
También se dijo allí que se estimaba procedente alentar la
agrupación de beneficiarios de las obras sociales residentes en
determinadas regiones del país de menor densidad poblacional,
con el objeto de alcanzar un número de personas que, como masa
crítica, posibilitase una mayor concentración en las
contrataciones y una consecuente racionalización en la
utilización de los recursos disponibles para solventar las
prestaciones de salud.
Sin seguir a rajatabla el procedimiento que el decreto
mencionado previó -es decir, de modo más informal-, hubo una
experiencia fructífera que tuvo este objetivo en la provincia de
Neuquén.
Más allá de algún otro caso en que pudo haber sido aplicada esta
norma, lo cierto es que no tuvo la difusión e impacto que, a
nuestro criterio, debería haber tenido.
Entendemos que, sin la necesidad de renunciar al reclamo de la
obtención de nuevas fuentes de financiamiento del Sistema de
Salud, entre todos podemos trabajar con herramientas que ya
están disponibles en el sistema.
Por otra parte, estamos convencidos también que tenemos que
intensificar los mecanismos de compras conjuntas de insumos
sanitarios y medicamentos para abaratar los costos cada vez más
elevados que tienen para los financiadores.
Tuvimos ejemplos exitosos en este sentido, como por ejemplo con
la compra del Factor VIII, que deberíamos replicar.
Para institucionalizar un sistema de “Compras Conjuntas”
deberíamos desarrollar estudios de factibilidad y de necesidades
comunes, proyectos de convenios interinstitucionales, actos
preparatorios, inicio del proceso de selección de compras
conjuntas; y, finalmente, la ejecución de los contratos que se
celebren.
En el año 2016, la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social coordinó tareas que tenían este fin, con la participación
de representantes de la Superintendencia de Servicios de Salud,
del Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y
Pensionados (PAMI), del Consejo de Obras y Servicios Sociales
Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) y del Consejo
de Obras Sociales de las Universidades Nacionales (COSUN). Si
bien allí no se alcanzaron los objetivos trazados al inicio de
esos encuentros, se sentaron bases que pueden ser aprovechadas
para desarrollar compras conjuntas de financiadores de la salud.
Con relación a este tema, la Superintendencia de Servicios de
Salud ha emitido la Resolución 144/2018, creó la Comisión
Asesora Técnica de Compra de Medicamentos e Insumos y
Dispositivos, con el fin de “adquirir medicamentos de calidad,
seguros y eficaces, en mejores condiciones económicas de mercado
que las que se logran en la actualidad”.
A su vez, la propia Organización Panamericana de Salud fomenta
este tipo de herramientas para facilitar el acceso de los países
a los medicamentos de alto costo.
Así, Carissa F. Etienne, Directora de esta organización, sostuvo
que “... para algunos países usar este mecanismo puede suponer
un desafío, en particular ante la fragmentación del mercado
farmacéutico, la proliferación de acuerdos de comercio que
limitan la entrada en el mercado de genéricos más baratos, y la
necesidad de convencer a los fabricantes de los beneficios de
trabajar con esta herramienta...”; “... el acceso a medicinas
seguras, de calidad y costo efectivas para todos es un requisito
esencial del acceso universal a la salud y la cobertura
universal de salud, en tanto es fundamental para fortalecer los
sistemas de salud. Pero asegurar un acceso equitativo a las
medicinas también trae varios desafíos para los países, en tanto
la compra de medicamentos es uno de los gastos de bolsillo más
altos para los usuarios de los sistemas de salud...”.
La República de Chile, por ejemplo, tiene desarrollado un
mecanismo de compras conjuntas de insumos y medicamentos que
demuestra la eficacia de este instrumento.
Además, en el año 2019, los países del MERCOSUR acordaron crear
una plataforma de compra conjunta de medicamentos de alto costo.
La iniciativa tuvo el objetivo de garantizar el acceso a
productos que pesan en el presupuesto de los diversos países y
de ayudar a ampliar el acceso a los tratamientos y la
sostenibilidad de sus sistemas de salud.
Si se adoptaren determinados procesos de adaptación y se
cumplieren con estándares internacionales de seguridad, calidad
y eficacia, se podría solicitar apoyo financiero al Fondo
Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Resulta inequívoco que, si rápidamente no encontramos una
solución para asegurar el acceso a medicamentos de muy alto
precio, nuestro sistema de salud puede ir a la bancarrota.
Otra de las medidas que, entendemos, mejoraría la situación
financiera del sistema, es la de incentivar la estrategia de
celebración de contratos de riesgo compartido, es decir,
desarrollar instrumentos que permitan vincular el precio y la
financiación de ciertas innovaciones sanitarias a sus resultados
económico-financieros y sanitarios; y que, de este modo, cubran
los resultados con efectividad, tanto desde el punto de vista
del impacto presupuestario, como de la relación
remuneración/resultados.
Es una estrategia que se está desarrollando en distintas partes
del mundo y que tuvo su reflejo exitoso en nuestro país,
mediante la cual el Estado nacional garantizará el acceso a la
terapia génica de un laboratorio para el tratamiento de la
Atrofia Muscular Espinal (AME), independientemente del tipo de
cobertura de los pacientes.
Por supuesto que las propuestas contenidas en este artículo no
son excluyentes; sino complementarias, y tienen por fin aportar
ideas para ir solucionando el déficit crónico de financiamiento
que padece nuestro Sistema de Salud
|