La existencia de un sistema sanitario inequitativo en cuanto al acceso, ineficiente en cuanto al uso de los recursos, ineficaz y de baja calidad en cuanto a los resultados, producto de su altísima fragmentación y segmentación, constituye una de las mayores debilidades de las prioridades de la política argentina y de un Estado de características corporativas.
A finales de los años ochenta el fracaso de la ley del seguro nacional de salud impidió tener un solo campo de juego donde plantear la dirección y el rumbo del sistema. Los poderes corporativos para evitar un fondo común para salud y la instauración del criterio de solidaridad universal basado en el derecho de la ciudadanía a la atención de la salud.
Lo que vino después solo empeoró los resultados sobre el sistema. La fragmentación primó y cada uno se defiende como puede sin un Estado con capacidad de gobernanza como para establecer reglas de juego comunes en aquellos aspectos que hacen a la ciudadanía democrática: cobertura explícita, calidad y asequibilidad.
La sanidad ha cambiado en estos largos cuarenta años. Además, el Covid-19 impuso desafíos adicionales al devaluado sistema, sacudiendo las organizaciones y forzando cambios en hospitales y centros para superar las emergencias, con un alto grado de voluntarismo. El rol de los profesionales ha sido fundamental, y el capital humano es sin dudas el principal valor del sistema.
La pandemia hizo caer el velo sobre el sistema. En la Argentina la salud no es uno de los sectores prioritarios, al contrario, solo se rescatan los comportamientos y los esfuerzos individuales y muchas veces voluntarios de su capital humano. Pero esto impide ver muchas veces, las deficiencias estructurales que se arrastran y que tienden a agravarse con el desarrollo de las nuevas tecnologías, los cambios epidemiológicos y la rigidez de la cual hace gala el sector ante cualquier perspectiva de cambios que afecte intereses anquilosados. Mucha gente lucra con las ineficiencias e inequidades del sistema sanitario y hace grandes negocios que la población desconoce.
La pandemia ha traído recursos y financiación extraordinaria pero temporales. Es cierto que aceleró la digitalización y ubicó a la salud dentro de la agenda por un lapso, pero esto es muy poco para consensuar una reforma y que la misma sea sostenida por la población y el consecuente interés de la política.
Convivimos con un serio problema de trabajadores de la salud frustrados e ignorados, sin la mínima sensación de estar viviendo algo diferente solo sosteniendo un sistema que se cae a pedazos y sin sentir ni siquiera el mínimo reconocimiento ni apoyo en los esfuerzos personales.
La pandemia mostró con crudeza la crisis del sistema y en especial la del recurso humano, poniendo en evidencia el multiempleo, las bajas remuneraciones y el burnout a que son sometidos diariamente.
Un sistema debe tener en claro una misión, una visión y unos valores, y esto está ausente en nuestro sistema a nivel nacional y en la mayoría de los sistemas provinciales de salud.
Por otra parte, la digitalización de la salud plantea desafíos. Si no logramos integrar el sistema de información en salud a partir de una base de datos comunes entre el privado, la seguridad social y el público es poco lo que se puede hacer en materia de interoperabilidad.
Deberíamos tratar que la inequidad no se siga consolidando en estas áreas tan sensibles y donde existirá un futuro de tecnologías reparadoras de la salud que solo estará accesible para un grupo de personas que pueda pagarlas o que este dentro del sistema.
La mayoría de los gobernadores son altamente responsables de la subestimación que se hace del sector. Pocos de ellos reconocen su responsabilidad en la gobernanza del sistema de salud de sus provincias y no lo asumen como una responsabilidad federal.
En consecuencia, siguen tratando a la salud provincial como subsidiaria de la seguridad social.
Nos gustaría expresar que existe consenso social y profesional sobre mejoras y reformas del sistema de salud, pero eso no es así. Solo existe consenso en algún diagnóstico macro de la realidad del sistema, sin embargo, al profundizar las causas y las posibles soluciones nos damos cuenta de que no existe consenso entre los diferentes sectores que componen el sistema.
Cada uno intenta sacar provecho para sí mismo en desmedro del beneficio del conjunto de la población. Salud figura en los puestos de más abajo entre las prioridades de la política y al no establecer una línea concreta, se produce esta puja distributiva y de poder entre los sectores corporativos de la salud para imponerse sobre los otros en detrimento del bien común.
La salud debe ser, desde el punto de vista económico, un bien superior (son aquellos bienes que se valorizan cuando la persona progresa y su salud constituye un bien indispensable a preservar).
Difícil premisa de cumplir en un país que tiene cada vez más pobres, indigentes y personas fuera del sistema productivo. Para estas personas la salud solo existe cuando algún servicio público les de alguna atención cuando la enfermedad ya se ha presentado floridamente por no haber podido contar con un sistema de cuidado y prevención.
El desafío que nos hemos trazado como grupo PAIS es trabajar por un sistema sanitario inclusivo, de calidad y sustentable. Hoy más que nunca cobra vigencia nuestro documento inicial en donde proponemos un Pacto entre la Nación y las provincias y los diferentes sectores que incluye una propuesta de 13 puntos agrupados en 4 ejes sustantivos.
Para ello hay cosas que podemos hacer y que requieren el concurso de la sociedad civil, de los profesionales sanitarios y de los decisores políticos para poder avanzar y revertir una situación cada vez más traumática.

(1) Médico. Especialista en Salud Pública. Presidente de la ANLAP (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos).

(2) Profesor FCM UNL, Consultor OISS y miembro del Grupo PAIS.