Las terapias biológicas y génicas han representado un importante avance en el campo de la medicina, siendo una alternativa a la terapéutica convencional en patologías de cierta gravedad y, especialmente, en pacientes con compromiso de su status clínico y su calidad de vida.
Actúan en la mayoría de los casos en forma sinérgica con los tratamientos disponibles para cada patología, presentando como limitaciones:

• Efectos secundarios sistémicos.

• Riesgo de reactivación de infecciones latentes.

• Contraindicación de uso en pacientes con ciertas patologías de base.

• Requerimiento de dosis repetidas para mantener el efecto deseado.

• Elevado costo.

En muchos casos el grado de evidencia no ha llegado aún a niveles óptimos como para garantizar la seguridad y eficacia de las drogas en cuestión.
En otros casos tienen aprobaciones parciales: no están aprobadas totalmente por la FDA y la EMA, no tienen aprobación por la ANMAT o bien el prospecto de la molécula tiene aprobación para el uso bajo determinado protocolo y, sin embargo, es prescripta según el criterio personal e individual del profesional actuante sin ajustarse a GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA O RECOMENDACIONES INTERNACIONALES DISPONIBLES.
Todo lo antedicho implica que su indicación debiera ser efectuada en pacientes determinados por un equipo multidisciplinario y sin relación ni injerencia alguna con la compra y/o negociación del precio, es más, la provisión de las moléculas debería estar administrada y provista por el Estado.
De esta manera se cumpliría con uno de los objetivos: ser una alternativa válida para evitar el progreso de la enfermedad y/o aumentar la sobrevida en el caso de determinadas patologías.
La forma de evaluar la pertinencia en la utilización de estas drogas es a través de procesos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS). Parece haber un consenso general acerca de que algún tipo de ETS es necesaria o al menos inevitable.
Dicho consenso refleja la aceptación, por una parte, de que una ETS ofrece la posibilidad de mejorar la calidad de la atención sanitaria evitando riesgos innecesarios a la población, mientras que al mismo tiempo puede mejorar el proceso de asignación y distribución de recursos.
Su ausencia da lugar a la adopción, la difusión y la utilización de tecnologías antes de que se haya comprobado su seguridad, eficacia, efectividad y/o eficiencia tanto clínica como económica.
El objetivo de toda OBRA SOCIAL que maneja recursos en el área de salud es gestionar los mismos en forma equitativa, igualitaria y eficiente, apoyando las decisiones de cobertura en niveles de evidencia para el beneficio de la población a su cargo.
No es posible seguir cubriendo prescripciones y prácticas que llevan a un desfinanciamiento creciente de los agentes del seguro, llegando al punto que absolutamente TODO LO INDICADO POR UN PROFESIONAL TERMINA SIENDO FINANCIADO POR LA OBRA SOCIAL, sea a través de presentaciones judiciales o bien porque no hay un organismo vinculante con la esfera judicial que se expida de manera CONTUNDENTE NEGANDO LA COBERTURA cuando ni siquiera aplica por no seguir las guías de práctica clínica o protocolos emitidos por el mismo.
Lo anteriormente expresado deja a las auditorías de las obras sociales atadas de pies y manos ya que su función queda totalmente desdibujada y su figura entrampada entre la mala gestión por autorizar, o la exposición al abandono de persona al negar cobertura.
Párrafo aparte merece el poder de compra que tendría el Estado al ser quien ADQUIERE, AUTORIZA Y PROVEE este tipo de moléculas.
Otro de los roles que debiera cumplir el Estado es el de ejercer el poder de control sobre las prescripciones que no ajusten a las guías y/o recomendaciones que hayan sido acordadas y puestas en vigencia.
En conclusión, los argumentos anteriormente esgrimidos son lo suficientemente fuertes y válidos para que el Estado sea rector y actor en la aprobación, compra y distribución de los agentes biológicos y génicos evitando el desfinanciamiento de las obras sociales y, a su vez, regulando las prescripciones a través de la elaboración e implementación de Guías de Práctica Clínica y/o protocolos debidamente aprobados.