Evaluar el estado sanitario de un país exige series temporales, comparación regional y desagregación territorial. Argentina, exhibe una trayectoria que combina logros estructurales de largo plazo con estancamiento relativo frente a sus pares regionales y, más recientemente, señales inequívocas de reversión en indicadores trazadores críticos.
2024 trajo una clara señal de alarma epidemiológica. Tras alcanzar en 2023 el nivel más bajo de su historia, la TMI aumentó de 8,0 a 8,5 por cada 1.000 nacidos vivos. La mortalidad neonatal siguió la misma dirección, y la razón de mortalidad materna creció 1,2 puntos. Sólo 9 de las 24 jurisdicciones lograron sostener la tendencia descendente; en 15 se registró aumento, superando el 10 % en cuatro de ellas y el 20% en otras cuatro. La distribución federal del fenómeno descarta explicaciones localizadas.
Este quiebre ocurre en el primer año de una contracción presupuestaria sin precedentes, que se continúa y se profundiza: entre 2023 y 2025, el gasto del Ministerio de Salud cayó un 34%. Los recursos provinciales están sometidos a la reducción de las transferencias no automáticas (35%) mientras que el desfinanciamiento de la seguridad social es ya un drama evidente. En ese contexto, el anunciado cierre o reconversión del Programa Remediar implica una reducción drástica de cobertura en momentos en que el gasto de bolsillo ha incrementado su participación en el gasto total en salud hasta niveles nunca observados en nuestra historia. Los recortes en el PAMI y la anunciada continuidad del ajuste apuntan en el mismo sentido.
La causalidad unívoca entre recorte presupuestario y reversión de indicadores no puede establecerse con un año de datos, pero la convergencia temporal es difícil de ignorar: el quiebre afecta preferentemente la mortalidad neonatal -el componente más directamente ligado a la calidad de la atención perinatal y la disponibilidad de insumos-, tiene distribución federal y coincide con la interrupción de programas de efectividad documentada. Un segundo año de datos negativos convertiría la señal de alarma en tendencia consolidada.
La discusión sobre el sistema de salud argentino suele quedar atrapada en la lógica del ciclo político: se expande en períodos de crecimiento, se contrae en períodos de ajuste, y se reconstruye parcialmente en el siguiente. Pero el modelo comparado muestra evidencia clara sobre qué es lo que sí funciona: Uruguay o Chile, por citar dos modelos disímiles, no lograron sus mejores resultados por un mayor volumen de gasto, sino por una mayor estabilidad institucional, rectoría sanitaria coherente y una separación más nítida entre la racionalidad política de corto plazo y la planificación de largo término de la política sanitaria. Más allá de las obvias diferencias, en ambos casos existen consensos transversales -que trascienden alternancias de gobierno- sobre pisos mínimos de protección financiera, cobertura prestacional y gobernanza territorial.
Argentina tiene la escala, la capacidad técnica institucional y la historia sanitaria para alcanzar esos consensos. Lo que ha faltado, sistemáticamente, es la voluntad política por parte de autoridades, dirigentes y decisores sectoriales en torno a construirlos con vocación de permanencia. Tres dimensiones resultan prioritarias para cualquier acuerdo con pretensión de sustentabilidad.

1. Un piso presupuestario protegido para la salud pública

La evidencia econométrica disponible para América Latina relaciona claramente el incremento del gasto público en salud con una reducción proporcional en la tasa de mortalidad infantil, mientras que el gasto privado no muestra un efecto estadísticamente significativo sobre ese indicador. Esta asimetría fundamenta la necesidad de un mecanismo de protección presupuestaria que sustraiga los programas de salud materno-infantil, inmunizaciones y enfermedades prevalentes de los ciclos de ajuste fiscal. No se trata de dogmatismo presupuestario sino de racionalidad epidemiológica: ciertas inversiones tienen retornos diferidos que el horizonte anual del presupuesto no captura.

2. Una arquitectura de coordinación federal efectiva

La Argentina sanitaria no es un sistema homogéneo sino una yuxtaposición de sistemas con brechas de inequidad inaceptables. Cualquier acuerdo serio debe incluir un mecanismo de redistribución federal que garantice pisos prestacionales mínimos, con transferencias condicionadas a resultados y rectoría técnica nacional fortalecida. La descentralización sin financiamiento es, en la práctica, un mecanismo de profundización de las inequidades existentes.

3. Regulación de la protección financiera como política de Estado

Argentina se posicionaba hasta 2022 entre las tres naciones de América Latina con menor gasto de bolsillo en salud, por debajo del 30% del gasto total. Las tendencias de 2024 -desregulación tarifaria, desafiliaciones, erosión de la cobertura del PMO y copagos instalados- amenazan ese posicionamiento. La protección financiera de los hogares frente a los gastos de salud no puede ser una variable de ajuste: es un componente esencial del sistema de salud y debe regularse como política de Estado, con independencia del signo político del gobierno de turno.

Luces y sombras de nuestro sistema de salud son ciertas. Pero el año 2024 puede estar mostrando una inflexión relevante que no admite ser descartada sólo como ruido estadístico ni justificada como daño colateral inevitable de un ajuste macroeconómico La resolución estructural de los problemas del sistema de salud argentino -eficiencia, inequidad territorial, fragmentación, sostenibilidad del financiamiento solidario- excede el mandato de cualquier gobierno en particular. Requiere acuerdos que trasciendan alternancias electorales, que establezcan pisos irrenunciables de protección financiera y prestacional, y que reconozcan que -entre otros-, la salud materno-infantil es el estado de derecho sanitario en su expresión más elemental. Construir esos acuerdos es, en definitiva, la única respuesta técnicamente honesta y políticamente responsable a los datos que la epidemiología está poniendo sobre la mesa.


Referencias:
1. DEIS-Ministerio de Salud de la Nación, Anuario de Estadísticas Vitales 2024.
2. Ministerio de Economía de la Nación Argentina. Ejecución presupuestaria del Sector Público Nacional y transferencias a provincias. Buenos Aires: Secretaría de Hacienda; 2024–2026.
3. OPS/PAHO Perfiles de País (Argentina y Chile), 2025.
4. OMS Global Health Expenditure Database (GHED) 2025.
5. Ayala-Beas SR, Rodriguez Minaya YE. Gasto en salud y resultados en salud en América Latina y el Caribe. Rev Panam Salud Pública. 2023;47: e136. doi: 10.26633/RPSP.2023.136.