La salud no debería decidirse en un juzgado. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, el acceso a ella depende de una medida cautelar. Lo que nació como una herramienta de protección frente a las fallas del sistema empieza a convertirse en su reemplazo. Allí se abre una tensión profunda entre el derecho individual y la equidad colectiva.

Cuando el expediente reemplaza al protocolo

Hubo un tiempo en que la salud se discutía en consultorios, auditorías médicas y mesas técnicas, donde la evidencia clínica y la planificación orientaban las decisiones. Hoy, con demasiada frecuencia, esas discusiones se trasladan a los estrados. El expediente reemplaza al protocolo; el juez sustituye al evaluador sanitario. Y el fallo, inevitablemente, altera el equilibrio de un sistema construido sobre la solidaridad.
No se trata de cuestionar el derecho a la salud, que es un mandato constitucional y una obligación ética. Cuando un paciente recurre a la Justicia, no lo hace por capricho, sino porque percibe que el sistema no le responde. En ese sentido, la vía judicial cumple una función indispensable de resguardo. El problema surge cuando la excepción se transforma en regla y la intervención judicial deja de ser correctiva para volverse estructural.
En los últimos años, la litigiosidad en torno a medicamentos o tratamientos ha crecido de manera sostenida. Muchas de estas tecnologías llegan con evidencia clínica todavía incipiente, beneficios marginales o indicaciones que exceden lo aprobado por las agencias regulatorias. El fallo resuelve la urgencia individual, pero rara vez pondera el impacto sistémico. Cada decisión que ordena financiar una prestación -particularmente aquellas de alto costo- compromete recursos que, por definición, son finitos.

El costo invisible de cada sentencia

Aquí aparece una dimensión incómoda, pero ineludible: el costo de oportunidad. Cada peso destinado a una terapia de eficacia incierta es un recurso que deja de invertirse en prestaciones básicas o en tratamientos con efectividad comprobada para una población mayor. La salud pública no es la suma de casos aislados; es una arquitectura colectiva que requiere previsibilidad y planificación.
Cuando la asignación de recursos se desplaza desde las instancias técnicas hacia la capacidad de litigar, la equidad se resiente. Accede quien logra judicializar su reclamo, no necesariamente quien presenta la mayor urgencia sanitaria. Así, el sistema solidario comienza a fracturarse en dos vías: una administrativa, con tiempos y criterios explícitos; y otra judicial, urgente y, muchas veces, desarticulada del análisis técnico riguroso.
En este escenario han surgido prácticas que complejizan aún más el panorama. Existen estudios jurídicos que operan con una lógica de mercado: captan pacientes, promueven reclamos masivos y obtienen honorarios financiados por los propios fondos del sistema. El expediente deja de ser únicamente un instrumento de protección para convertirse en una unidad de negocios. La excepción, en definitiva, se mercantiliza.


Gobernanza sanitaria y reglas claras

El debate de fondo no es estrictamente jurídico, sino de gobernanza sanitaria. ¿Cómo incorporar la innovación sin comprometer la sostenibilidad del sistema? ¿Cómo garantizar un acceso oportuno sin afectar la distribución equitativa de los recursos? Sin reglas claras para la evaluación de tecnologías sanitarias y sin criterios explícitos de cobertura, el sistema opera a la defensiva, respondiendo caso por caso a la presión de los tribunales.
Existen herramientas para ordenar este proceso. Vincular el financiamiento a los resultados en salud, monitorear la efectividad en la práctica real y establecer parámetros transparentes de valor terapéutico no implica negar derechos, sino gestionarlos con responsabilidad. La equidad no se opone al acceso; lo encuadra y lo hace posible.
La Justicia debe seguir siendo la última garantía frente a la arbitrariedad o la negligencia. Sin embargo, no puede convertirse en la puerta de entrada ordinaria para cada nueva innovación médica. Cuando cada tratamiento depende de una cautelar, la política sanitaria pierde su eje y la equidad se reduce a una aspiración retórica.

El desafío, entonces, es recuperar el equilibrio: reconocer el derecho individual sin desatender la responsabilidad colectiva. Debemos entender que la verdadera justicia en salud no consiste solo en resolver un caso aislado, sino en sostener un sistema capaz de cuidar a todos.

Porque cuando la salud se dirime permanentemente en los tribunales, lo que se pone en juego no es solo un presupuesto, sino la cohesión misma del contrato social que sostiene a nuestra seguridad social.