Las discusiones sobre la coparticipación federal pueden definirse como superchería. (1) Y aunque discrepo con el descrédito de la política como herramienta de construcción del bien común, creo que cabe aquel para quienes la utilizan equivocadamente.
Algunos tributos nacionales son plenamente coparticipables (se comparten por asignación automática y reglas predefinidas: descontada una suma fija para un fondo compensador, de cada $ 100, $ 54,66 van a las provincias según porcentajes que fija la ley; $ 42,34 quedan en Nación- de allí salen fondos para Tierra del Fuego y CABA, que no eran provincias al aprobarse la ley- $ 2 van a un grupo de provincias por razones específicas y $ 1 al Ministerio del Interior para el fondo de aportes a provincias) otros de manera parcial (2), y otros quedan al margen del reparto.
La actual Ley 23.548 sancionada en 1988 (transitoria- debía regir solo en 1988 y 89), aplicó una reducción a Buenos Aires (gobernada entonces por el radicalismo) y dio mayor participación a las provincias del norte (donde el peronismo era fuerte), posiblemente para destrabar su sanción. Así actualmente, las provincias del norte con 22% de la población reciben el 34% de la coparticipación. CABA y Buenos Aires con el 45% de la población reciben el 25%.
La reforma constitucional de 1994 estableció que había que sancionar antes de 1996 una nueva ley. El mandato de aquella ley, como el de los constituyentes, se incumplió. El Estado nacional dio a CABA, de su porción, 1,4% hasta que, en 2016, le traspasa los servicios de policía y lo sube a 3,75%. Un par de años atrás, el gobierno nacional redujo ese porcentaje a 2,3, y envió la diferencia a Buenos Aires.
CABA fue con un amparo a la Corte, que 2 años después le hace lugar y establece que, hasta tanto se expida en la cuestión de fondo, reciba 2,9%. El Estado Nacional dice que no va a obedecer, y recibe el apoyo de las provincias del norte (las más beneficiadas).
Parte de la decadencia argentina se explica por este régimen de coparticipación que aun cuando benefició durante 35 años a las provincias del norte, estas siguen siendo las más atrasadas del país, y ese beneficio parece no llegar a los ciudadanos sino a los dirigentes de esas regiones.
Con datos del INDEC y el Ministerio de Economía en un informe al Senado nacional en 2022, se compara población y lo distribuido (ingreso per cápita) (ver tabla). Tierra del Fuego recibe por habitante 7 veces más que PBA; Santa Cruz más de 5, San Luis más de 3 veces y media; Santa Fe, Córdoba y Mendoza el doble y CABA 1 vez y media. La Ciudad es la que menos depende de la coparticipación: representó el 26,68% de sus recursos totales. (3)
Otras dos provincias tienen ingresos de coparticipación menores al 50% del total de sus arcas: Neuquén (41,8%) y Buenos Aires (49,6%). Las más dependientes son Formosa (93,4%), La Rioja (90,9%), Catamarca (89,8%), Chaco (86,7%), Jujuy (86,6%), San Juan (84,6%) y San Luis (79%). El resto recibió entre el 60 y el 76%.

Fuente: elaboración propia, en base a datos del INDEC, M. de economía e INVECQ

Tomando una serie de 2004 hasta 2021, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Chaco, figuran entre las 10 provincias que reciben los mayores valores de coparticipación per cápita, y el mayor número de aportes del Tesoro Nacional (ATN), discrecionales. Sin embargo, Formosa y Chaco continuaron en ese lapso entre las tres provincias con la mayor tasa de mortalidad infantil (TMI); y a pesar del descenso de esta nunca lograron disminuir la distancia con las de menor tasa.
Al mismo tiempo, La Rioja, Santiago del Estero y Chaco tienen tasas de mortalidad materna que duplican y aun triplican el promedio nacional. Llamativamente otras provincias que no figuran en el “top 10” de los porcentajes de coparticipación, como el caso de Corrientes (puesto 14), y que tienen altas tasas de mortalidad infantil y materna, como las citadas anteriormente, no reciben ATN para intentar compensar esta situación. La provincia se encuentra en el puesto 23, según el dinero recibido por este ítem.
Igualmente, llamativo es el caso de Salta, en el puesto 17 en términos de coparticipación, y 9 en el volumen de ATN, siendo de las que menos descendió su TMI, y con elevadas tasas de mortalidad materna.
El esquema vigente no incentiva el desarrollo local, llega sin condicionamiento de ningún tipo y genera disputas y tensiones constantes. En nuestro federalismo, buena parte del gasto esta descentralizado (educación, salud) y la mayor parte de los ingresos centralizada. Cambiar los números es difícil políticamente, porque modificar los porcentajes de distribución implica que alguien va a recibir menos, en un juego de suma cero, y nadie quiere aceptarlo. Pero el debate de fondo pendiente que lleve a reglas claras y equitativas, y más allá de los destinos de los recursos y la forma en que se utilizan, su control y transparencia es uno de los fracasos sistemáticos de la dirigencia política.
Un análisis minucioso de los valores de coparticipación y ATN transferidos muestra elocuentemente que, en términos de indicadores sanitarios, el mecanismo legal de reparto, así como la adjudicación discrecional de transferencias, no resultan mecanismos de disminución de inequidades entre provincias.
Especialmente en el caso de los ATN, sería tiempo de empezar a definir algunos indicadores sanitarios (y también educativos) que permitan que realmente esos fondos impacten en la calidad de vida de los ciudadanos.
Caso contrario, sigamos discutiendo supercherías, y tolerando la desidia de nuestros dirigentes para resolver temas centrales que hacen a la posibilidad de una Argentina más equitativa.

REFERENCIAS
1) La Real Academia Española define a la superchería como engaño, dolo, fraude, trampa o engaño.
2) De cada $100 de IVA, 11 van al ANSES y cajas jubilatorias provinciales, y 89 a la coparticipación, así como el 70% del monotributo.
3) CEPA- Centro de Economía Política Argentina