Las discusiones sobre la coparticipación federal pueden
definirse como superchería. (1) Y aunque discrepo con el
descrédito de la política como herramienta de
construcción del bien común, creo que cabe aquel para
quienes la utilizan equivocadamente.
Algunos tributos nacionales son plenamente
coparticipables (se comparten por asignación automática
y reglas predefinidas: descontada una suma fija para un
fondo compensador, de cada $ 100, $ 54,66 van a las
provincias según porcentajes que fija la ley; $ 42,34
quedan en Nación- de allí salen fondos para Tierra del
Fuego y CABA, que no eran provincias al aprobarse la
ley- $ 2 van a un grupo de provincias por razones
específicas y $ 1 al Ministerio del Interior para el
fondo de aportes a provincias) otros de manera parcial
(2), y otros quedan al margen del reparto.
La actual Ley 23.548 sancionada en 1988 (transitoria-
debía regir solo en 1988 y 89), aplicó una reducción a
Buenos Aires (gobernada entonces por el radicalismo) y
dio mayor participación a las provincias del norte
(donde el peronismo era fuerte), posiblemente para
destrabar su sanción. Así actualmente, las provincias
del norte con 22% de la población reciben el 34% de la
coparticipación. CABA y Buenos Aires con el 45% de la
población reciben el 25%.
La reforma constitucional de 1994 estableció que había
que sancionar antes de 1996 una nueva ley. El mandato de
aquella ley, como el de los constituyentes, se
incumplió. El Estado nacional dio a CABA, de su porción,
1,4% hasta que, en 2016, le traspasa los servicios de
policía y lo sube a 3,75%. Un par de años atrás, el
gobierno nacional redujo ese porcentaje a 2,3, y envió
la diferencia a Buenos Aires.
CABA fue con un amparo a la Corte, que 2 años después le
hace lugar y establece que, hasta tanto se expida en la
cuestión de fondo, reciba 2,9%. El Estado Nacional dice
que no va a obedecer, y recibe el apoyo de las
provincias del norte (las más beneficiadas).
Parte de la decadencia argentina se explica por este
régimen de coparticipación que aun cuando benefició
durante 35 años a las provincias del norte, estas siguen
siendo las más atrasadas del país, y ese beneficio
parece no llegar a los ciudadanos sino a los dirigentes
de esas regiones.
Con datos del INDEC y el Ministerio de Economía en un
informe al Senado nacional en 2022, se compara población
y lo distribuido (ingreso per cápita) (ver tabla).
Tierra del Fuego recibe por habitante 7 veces más que
PBA; Santa Cruz más de 5, San Luis más de 3 veces y
media; Santa Fe, Córdoba y Mendoza el doble y CABA 1 vez
y media. La Ciudad es la que menos depende de la
coparticipación: representó el 26,68% de sus recursos
totales. (3)
Otras dos provincias tienen ingresos de coparticipación
menores al 50% del total de sus arcas: Neuquén (41,8%) y
Buenos Aires (49,6%). Las más dependientes son Formosa
(93,4%), La Rioja (90,9%), Catamarca (89,8%), Chaco
(86,7%), Jujuy (86,6%), San Juan (84,6%) y San Luis
(79%). El resto recibió entre el 60 y el 76%.
PROVINCIA |
Ingreso
per cápita
(en $) |
Ingreso $ Recibidos
per cápita
por
cada 100 aportados |
BUENOS AIRES |
2.215 |
73 |
CABA |
2.800 |
11 |
MENDOZA |
3.384 |
97 |
CÓRDOBA |
3.774 |
105 |
SANTA FE |
4.016 |
95 |
MISIONES |
4.360 |
248 |
CHUBUT |
4.528 |
67 |
SALTA |
4.557 |
206 |
NEUQUÉN |
4.596 |
51 |
TUCUMÁN |
4.639 |
248 |
CORRIENTES |
5.408 |
298 |
ENTRE RÍOS |
5.569 |
181 |
RÍO NEGRO |
5.609 |
172 |
JUJUY |
5.967 |
311 |
SANTIAGO DEL ESTERO |
6.693 |
324 |
CHACO |
6.722 |
355 |
SAN JUAN |
6.940 |
274 |
SAN LUIS |
7.368 |
196 |
SANTA CRUZ |
8.309 |
88 |
LA PAMPA |
8.415 |
193 |
LA RIOJA |
8.663 |
310 |
FORMOSA |
9.644 |
651 |
CATAMARCA |
10.369 |
282 |
TIERRA DEL FUEGO |
13.793 |
138 |
Fuente: elaboración propia, en base a datos del INDEC,
M. de economía e INVECQ
Tomando una serie de 2004 hasta 2021, Formosa, La Rioja,
Santiago del Estero y Chaco, figuran entre las 10
provincias que reciben los mayores valores de
coparticipación per cápita, y el mayor número de aportes
del Tesoro Nacional (ATN), discrecionales. Sin embargo,
Formosa y Chaco continuaron en ese lapso entre las tres
provincias con la mayor tasa de mortalidad infantil
(TMI); y a pesar del descenso de esta nunca lograron
disminuir la distancia con las de menor tasa.
Al mismo tiempo, La Rioja, Santiago del Estero y Chaco
tienen tasas de mortalidad materna que duplican y aun
triplican el promedio nacional. Llamativamente otras
provincias que no figuran en el “top 10” de los
porcentajes de coparticipación, como el caso de
Corrientes (puesto 14), y que tienen altas tasas de
mortalidad infantil y materna, como las citadas
anteriormente, no reciben ATN para intentar compensar
esta situación. La provincia se encuentra en el puesto
23, según el dinero recibido por este ítem.
Igualmente, llamativo es el caso de Salta, en el puesto
17 en términos de coparticipación, y 9 en el volumen de
ATN, siendo de las que menos descendió su TMI, y con
elevadas tasas de mortalidad materna.
El esquema vigente no incentiva el desarrollo local,
llega sin condicionamiento de ningún tipo y genera
disputas y tensiones constantes. En nuestro federalismo,
buena parte del gasto esta descentralizado (educación,
salud) y la mayor parte de los ingresos centralizada.
Cambiar los números es difícil políticamente, porque
modificar los porcentajes de distribución implica que
alguien va a recibir menos, en un juego de suma cero, y
nadie quiere aceptarlo. Pero el debate de fondo
pendiente que lleve a reglas claras y equitativas, y más
allá de los destinos de los recursos y la forma en que
se utilizan, su control y transparencia es uno de los
fracasos sistemáticos de la dirigencia política.
Un análisis minucioso de los valores de coparticipación
y ATN transferidos muestra elocuentemente que, en
términos de indicadores sanitarios, el mecanismo legal
de reparto, así como la adjudicación discrecional de
transferencias, no resultan mecanismos de disminución de
inequidades entre provincias.
Especialmente en el caso de los ATN, sería tiempo de
empezar a definir algunos indicadores sanitarios (y
también educativos) que permitan que realmente esos
fondos impacten en la calidad de vida de los ciudadanos.
Caso contrario, sigamos discutiendo supercherías, y
tolerando la desidia de nuestros dirigentes para
resolver temas centrales que hacen a la posibilidad de
una Argentina más equitativa.
REFERENCIAS
1) La Real Academia Española define a la superchería
como engaño, dolo, fraude, trampa o engaño.
2) De cada $100 de IVA, 11 van al ANSES y cajas
jubilatorias provinciales, y 89 a la coparticipación,
así como el 70% del monotributo.
3) CEPA- Centro de Economía Política Argentina
(*) Presidente de
IPEGSA (Instituto de Política, Economía y
Gestión en Salud). |
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