Este 2023 es un año electoral y uno en que se
conmemoran, además, cuarenta años desde la recuperación
democrática. Ojalá estemos a la altura de convertirlo en un año
genuinamente político y de nueva refundación democrática. Sin
dudas, los desafíos y dificultades son muchas, pero la salud es
una deuda de la democracia plausible de un acuerdo transversal,
político-democrático, que encause un debate y que alinee a los
actores políticos e institucionales una vez elegido un nuevo
gobierno nacional.
No se trata ni de un acuerdo generalizado y cabal, ni de una
simulación consignista. Se trata de acordar una transformación
negociada y necesariamente incierta pero irrevocable. Aceptar no
simplemente sentarse en una mesa a dialogar, sino a armar
equipos ejecutivos dispuestos a renunciar a privilegios, a
transparentar información, reconocer desconocimiento, recibir y
brindar colaboración y a acatar resoluciones conjuntas. En
definitiva, a un acuerdo político.
Lo primero es reconocer el “estado” de situación actual de
indefensión sanitaria (que el velo de la pandemia descorrió); y
la necesidad de pasar de la anomia al requerido acuerdo a partir
del conflicto real, que impone la realidad sanitaria y su
viabilidad financiera. Sin eludir el reconocimiento de la
complejidad epocal del conflicto que nos atraviesa y que imponen
un plano de negociación como sendero de salida superadora para
arribar a acuerdos eslabonados que enfrenten el desafío.
Remarquemos que ‘negociar no es claudicar’, sino enfrentar la
realidad, superando esquemas que se reducen a rendir cuentas del
pasado y atrevernos a planificar el presente-futuro.
Se trata de abrirse paso entre la madeja de intereses políticos,
y privilegiar el derecho social a una salud digna a través de la
capacidad de integrar adecuadamente población y recursos. El
ordenamiento territorial sanitario no se puede imponer desde
arriba según conveniencias burocráticas o intereses
particulares, sino siguiendo la movilidad vital de las personas,
para lo cual se precisa de una planificación estratégica basada
en necesidades, recursos disponibles, y detección de
vulnerabilidades. Una “agregación colaborativa” que se traduzca
en una atención en red, con criterios de sostenibilidad que
responda al derecho a la salud, es decir, a una atención
oportuna, adecuada y equitativa, frente a la actual
fragmentación, dispersión, degradación, y una clara dilución de
responsabilidades.
Los temas a resolver son muy profundos y estructurales para lo
que se requiere conocimiento, comprensión, discernimiento,
decisión, responsabilidad, compromiso y coraje. Sólo así se
podrá recuperar la confianza en instituciones democráticas como
instrumentos capaces de proveer soluciones sólidas en
concordancia con un Proyecto de Nación.
Acuerdo político-sanitario
Un acuerdo es, por definición, una propuesta instrumental entre
partes, la articulación de una herramienta adecuada para
alcanzar un determinado objetivo, como es la construcción de un
sistema integrado de salud. Un acuerdo reconoce la crisis y
asume el conflicto recurriendo a la negociación para elaborar
una agenda de acción común. Este marco se construye a partir de
la toma de conciencia, del compromiso y de la profunda reflexión
que darán lugar a una convergencia social real de todos los
actores involucrados.
El acuerdo no debe repetir las inconsistentes formalidades del
consenso, puesto que el elemento central de toda sociedad
democrática es el conflicto, cuya resolución depende de una
negociación. La sociedad avanza mediante conflictos y su
posterior resolución, pero como instancia que siempre será
momentánea, ya que inmediatamente nacerán nuevos enfrentamientos
que deben ser saldados con nuevas negociaciones.
Se trataría de organizar un espacio de reflexión pluralista
interdisciplinario donde se ejerza “la libertad creativa”, la
capacidad de innovar en un nuevo diseño institucional y así
cumplir con las pautas del significado de gobernar, es decir, un
verdadero coliderazgo entre la política y la ciencia. Un acuerdo
se apoya en herramientas idóneas, en las que prevalecen los
mecanismos de control, el monitoreo constante y el ajuste
permanente de las políticas. De esta manera, se garantiza la
pluralidad de voces, el acceso a la información y la
flexibilidad necesaria en toda gestión para rectificar rumbos.
El desafío es construir un “sistema” de salud que responda a las
siguientes pautas productivas:
producir salud
/ consumir asistencia médica adecuada y oportuna;
que engarce
moral y ética con intereses particulares y/o corporativos a
partir de la realidad (y no del relato);
que conjugue
conocimientos, experiencia y arte a partir del impulso de una
nueva individualidad colectiva como corresponde a nuestra
especie;
que no se quede
sólo en el qué, sino también acordar el cómo.
En definitiva, un Acuerdo Sanitario permitirá responder a dos
objetivos básicos. Por un lado, la reconversión de la realidad
sanitaria a partir de su conocimiento y la puesta en marcha de
nuevas formas de organización, gestión y financiamiento que
permitan la viabilidad del sistema y el mejoramiento de las
prestaciones. Por otro, asegurar la producción genuina de
servicios y con ello la vitalidad de ese sector de la economía.
La integración conviene a la eficiencia. Por esa razón, la
integración conviene también a los pacientes y está destinada a
posibilitar un servicio asistencial más eficaz. Y en ello radica
su legitimidad.
Participación y construcción
político-democrática
Los liderazgos políticos son necesarios, quizás imprescindibles,
pero no suficientes, y hasta pueden resultar contraproducentes
si no los acompaña (y empuja) la ciudadanía. En otras palabras,
no hay que reducir la cuestión a la espera de un pacto de
cúpulas partidarias. Se requiere un cambio de fondo en la
racionalidad social mayoritaria. El propio proceso de
transformación sanitaria constituiría un caso de acción política
en el marco de lo que Benjamin Barber llama “democracia fuerte”.
El autor apunta a comprender la democracia no como un mero
conjunto de reglas de convivencia y marcos institucionales, sino
una forma de vida comunitaria que busca intervenir públicamente
para mejorar la vida social. Es en este sentido que rescata la
idea republicana que subraya la importancia de la participación
democrática en lugar del liberalismo más llano que pretende
restringir los abusos estatales y resguardar las libertades
individuales, reduciendo la vida social a una combinación de
círculos de intimidad y vínculo comercial, donde lo público se
limita a una bifurcación de Mercado o Estado.
Rescatemos tres aspectos de la
política así entendida:
La política
como el ámbito de la acción: transformar el entorno y afectar el
espectro de posibilidades de las personas.
La política
como el ámbito de la elección: una elección es política cuando
es el resultado consciente de una deliberación previa. Así, la
conciencia y la deliberación distinguen a la ciudadanía de la
masa.
La política
como el ámbito de la razonabilidad: además de la negociación
entre intereses, la razonabilidad exige la presencia de empatía
para reformular en términos públicos los intereses privados,
para poneros en un contexto social que incluye los intereses de
otros.
En definitiva, es con la acción política y la participación
democrática que las personas pueden mejorar sus vidas y su
sociedad, impidiendo caer en la impotencia política, el
nihilismo moral y el deterioro social.
Hoy más que nunca, democraticemos la política y politicemos la
democracia, para hacer un futuro más saludable para todos.
(*)
Doctor en Medicina por
la Universidad Nacional
de Buenos Aires (UBA).
Director Académico de la
Especialización en
“Gestión Estratégica en
organizaciones de
Salud”; Universidad
Nacional del Centro -
UNICEN; Director
Académico de la Maestría
de Salud Pública y
Seguridad Social de la
Universidad del
Aconcagua - Mendoza; Co
Autor junto al Dr.
Vicente Mazzáfero de
“Por una reconfiguración
sanitaria pos-pandémica:
epidemiología y
gobernanza” (2020).
Autor de “La Salud que
no tenemos” (2019);
“Argentina Hospital, el
rostro oscuro de la
salud” (2018); “Claves
jurídicas y
Asistenciales para la
conformación de un
Sistema Federal
Integrado de Salud”
(2012); “La Fórmula
Sanitaria” (2003). |
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