La economía estudia como una sociedad crea, distribuye y utiliza
sus recursos para satisfacer las necesidades humanas. En
economía de la salud, las necesidades son aquellas que tienen
impacto en la salud de las personas. Estas necesidades son
crecientes por múltiples motivos, entre los que se destacan: el
envejecimiento de la población, la transición demográfica, la
evolución de la medicina y los avances tecnológicos. Todas
tienen tendencias crecientes en el corto y largo plazo, siendo
incluso deseables (como la prolongación de la vida o la
aparición de nuevos tratamientos para mejorar la calidad de
vida) que sucedan a pesar de sus consecuencias honorosas.
En otras columnas me he referido a la financiación del sector
salud en cuanto a la posibilidad de aprovechar espacios
fiscales. Sin embargo, la creación de nuevas fuentes es cada vez
más acotada, requiriendo cambios estructurales de la economía en
la Argentina que demandarán varios años. Cambios para generar
empleo, cambios para atraer inversiones productivas, cambios en
el sistema financiero y cambios en el sistema bancario.
Claramente, la crisis coyuntural del sector hace que, aunque
debemos comenzar ya con los cambios estructurales, se deban
buscar soluciones de financiamiento a corto plazo.
Lamentablemente de los análisis realizados por diferentes
organismos, la creación de recursos específicos para salud en el
corto plazo, coinciden en esta visión poco auspiciosa de escaso
o nulo espacio fiscal. En resumen, difícilmente se pueda
conseguir financiamiento para el sector en el corto plazo, e
incluso en el largo plazo, sin cambios estructurales.
Respecto a la utilización de los recursos, desde el punto de
vista económico lo medimos como eficiencia o ineficiencia. Hoy
la eficiencia en las organizaciones y el sistema en general se
ha vuelto un punto clave ante las necesidades crecientes y los
recursos limitados. En este aspecto, hay mucho para trabajar,
así como hay mucho escrito y desarrollado.
Encontramos una serie de herramientas en pos de la eficiencia
como algoritmos diagnósticos, guías de uso clínico, vademécums
cerrados, cuadros de mando integral o evaluaciones de tecnología
sanitarias. La incorporación de estas y otras herramientas
económicas-administrativas junto al planeamiento estratégico y
niveles adecuados de control, orientan a la mejor utilización de
los recursos. En otras palabras, la profesionalización de la
gestión, por parte de un equipo multidisciplinario, es requisito
ante la compleja situación actual del sector, y probablemente
futura, al menos en lo que implica adoptar estrategias
eficientes.
Siendo que tanto la creación de recursos como el uso de los
mismos ya fue analizado en múltiples ocasiones y por diversos
especialistas, queda observar cómo es la distribución de
recursos dentro del sector salud. ¿Será necesario una nueva
forma de distribuir los recursos que se generan?
Según los resultados presentados por el Ministerio de Salud de
la Nación en su informe “¿Cuánto gasta la Argentina en Salud?”
de 2019, analizando la participación relativa de los diferentes
subsistemas en el gasto total, la seguridad social recibe el
41,8% de los recursos (3,9% del PBI), seguido por el sector
privado con el 29,5% (2,8% del PBI) y el sector público recibe
el 28,7% del total (2,7% del PBI). Dado el impacto de los
recursos destinados, y la cobertura del sector de la seguridad
social del 62.7% del total de la población, se analiza este
sector en particular.
La seguridad social en la Argentina tiene tres grandes
subsectores: el INSSJP (PAMI), las obras sociales nacionales que
se rigen por la ley 23.660, y las obras sociales provinciales.
Mientras que el primero recibe aportes de empleados activos y
jubilados más contribuciones patronales, los otros dos sectores
reciben aportes de empleados activos y contribuciones
patronales.
El INSSJP cubre al 11,6% de la población, sin embargo, es casi
toda población de alto riesgo. De esta manera, podemos decir
que, desde el punto de vista actuarial, se construyó en forma
inversa, en lugar de dispersar riesgos, se han concentrado. Lo
cual hizo que las necesidades cubiertas crecieran
exponencialmente, mientras que el financiamiento caía. Recibe el
0,9% del PBI, que representa el 9,57% del gasto. El nivel de
accesibilidad a los servicios profesionales es complejo y
diverso a lo largo del país, mostrando dificultades permanentes.
Las obras sociales nacionales cubren al 35% de la población,
incluyendo a los trabajadores y sus respectivos grupos
familiares. Estas obras sociales reciben el 2% del PBI,
representando un 21,28% del total del gasto. Este sector obtiene
entre el 80% y 85% (según si es obra social de dirección o
sindical) de los salarios de sus asegurados, mientras que el
Fondo Solidario de Redistribución le envía el resto en forma de
reintegros por alto costo o subsidios por diversos riesgos.
Las obras sociales provinciales cubren al 16,1% de la población,
siendo trabajadores y sus grupos familiares. Recibe en forma
directa de los trabajadores el 1% del PBI, representando el
10,64% del total del gasto. La realidad de estas obras sociales
cambia mucho por provincia, ya que no tienen ningún tipo de
reaseguro y su ingreso dependerá de la cantidad de empleados
estatales y sus salarios.
Hoy quienes más aportan al sector han derivado parte de sus
aportes al sector de prepagos, mientras quienes menos aportan,
empleados domésticos y monotributistas, así, como los empleados
con salarios más bajos, sufren permanentes trabas
administrativas para acceder a las prestaciones.
Todas las obras sociales reciben la mayor parte de sus ingresos
en forma proporcional al salario de sus beneficiarios y no en
función de sus riesgos. Mi opinión es que deberíamos repensar
una forma de redistribuir los recursos por riesgo individual de
los beneficiarios, según edad, sexo y patologías preexistentes.
De esta manera, cada obra social equilibraría sus cuentas y
mejorarían las prestaciones.
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