Actualmente, el sistema sanitario argentino cursa una gran crisis de financiamiento, poniendo en duda la sostenibilidad a corto plazo. Es menester realizar reformas profundas, no solo para salir de la crisis coyuntural, sino proyectando su desempeño para los próximos 20 o 30 años.
Es necesario acentuar que el gasto en salud ha crecido en los últimos 40 años significativamente por encima de las economías locales, llegando a duplicar el porcentaje de gasto sobre el Producto Bruto Interno. Analizando las causas y sus proyecciones sobre el futuro, trabajar sobre el envejecimiento poblacional será un factor clave para pensar en las reformas necesarias.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el envejecimiento poblacional proyectado, para los países de Latinoamérica, demandará una inversión cercana de 2 puntos más del PBI para el sector salud.
Paralelamente, la transición demográfica muestra una fuerte caída de la población joven, disminuyendo la población económicamente activa y, consecuentemente, complicando aún más los recursos disponibles dada la baja de aportes impositivos y de la seguridad social.
Por lo tanto, no está demás aclarar que, los recursos necesarios no serán fáciles de conseguir por los mecanismos tradicionales, como ser aumento de la presión fiscal o priorización del sector versus otros sectores de la economía.
Ante la falta de creatividad para generar nuevas alternativas de financiamiento, la sugerencia de los organismos internacionales como la OMS es mejorar la gestión en búsqueda de la eficiencia. En este punto crítico me gusta parar y plantear algunos dilemas que tengo respecto a “la mejora de la gestión” o “el logro de la eficiencia”.
El primer dilema es declarar el sector salud como ineficiente. La definición de eficiencia involucra la cantidad de recursos disponibles y los cruza con el logro de objetivos. No niego que haya mucho para trabajar, pero también es cierto que prácticamente es el único sector social en el que mejoraron todos sus indicadores, desde la esperanza de vida o la mortalidad materno infantil hasta los indicadores de calidad. Otros sectores, como por ejemplo, educación o desarrollo social, han empeorado sus indicadores objetivos en los últimos 30 años.
Por lo tanto, salud aumentó sus recursos, pero alcanzando los objetivos, es decir, ha demostrado cierta eficiencia en la gestión. Declararse ineficiente no es solo un dilema teórico académico, sino que impacta fuertemente sobre aquellos que tienen poder de decisión, marcando que salud tiene recursos suficientes y alcanzará con redistribuirlos internamente sin la necesidad de brindar/aprobar más dinero para el sector sanitario.
El segundo dilema se relaciona con los resultados evaluados luego de dos años comenzada la pandemia del Covid-19. Los países europeos con mejor respuesta a la primera ola (aquella que los sorprendió y no permitió implementar medidas de mitigación) fueron aquellos que tenían mayor capacidad ociosa y, por ende, mayor nivel de ineficiencia.
El caso testigo es Alemania, que pudo atender a toda la población y que nadie se quede sin una cama de hospital. Ese margen de ociosidad le permitió adaptarse rápidamente a las necesidades urgentes. Por el contrario, aquellos países que trabajaban al límite de sus capacidades utilizando prácticamente todas las instalaciones, han sufrido muertes sin atención médica.
En resumen, un espacio ocioso de respuesta ante lo imprevisto será necesario, y será el sistema de salud quien determine el porcentaje. Debemos profundizar e investigar técnicamente cuanto margen debe existir, y que también sea tolerado por la sociedad y los recursos limitados.
Finalmente, el tercer y último dilema que se plantea sobre la necesidad de mejorar la gestión en pos de la eficiencia, es respecto a la visión netamente económica del sector. Mucho se ha criticado que el sector salud no genera gastos, sino que es inversión productiva, resultando que una población más sana genera más recursos económicos.
Sin ánimo de cuestionar la productividad del bienestar poblacional, esta justificación parte de una premisa falsa. No todos aquellos que se atienden y son tratados en nuestros centros de salud son personas económicamente productivas, ya que se encuentran jubiladas, discapacitadas no autovalentes o son menores de edad, por lo tanto, “no producen recursos y su atención no sería una inversión”.
Esto genera un problema desde la visión económica utilitarista del sistema de salud, ya que no todos deberían tener el mismo derecho a la atención sanitaria. Sin embargo, para el sector, es tan importante la atención de las personas fuera de la población económicamente activa (PEA) como las personas que se encuentran en condiciones de producir.
Nuevamente, parece una discusión teórica académica, pero olvidarse de los valores de equidad y solidaridad del sistema de salud, y justificar las acciones de este solo desde la economía, no alcanza a explicar las necesidades de nuevos recursos a los políticos que deben tomar decisiones respecto al financiamiento. Por lo contrario, los recursos para el sector salud se verán afectados negativamente cuando no se vea el “resultado positivo de incrementos de fondos a las arcas públicas dada la mayor productividad”.
En resumen, aquellos que nos dedicamos a la economía de la salud hace muchos años estamos al tanto de la paradoja que se genera por el envejecimiento poblacional como éxito sanitario y, al mismo tiempo, como un gran problema de sostenibilidad a futuro. Debemos analizar hacia adentro que podemos mejorar y, al mismo tiempo, debemos pensar en nuevas fuentes de financiamiento que sean aceptadas por la sociedad y sus representantes.
Para esto, es necesario cambiar nuestro discurso y justificar desde el conjunto de valores del sistema (equidad, solidaridad y sostenibilidad) la necesidad de una reforma del sistema y la necesidad de recursos para afrontar un futuro envejecido con atención para todos de calidad.