Actualmente, el sistema sanitario argentino cursa una gran
crisis de financiamiento, poniendo en duda la sostenibilidad a
corto plazo. Es menester realizar reformas profundas, no solo
para salir de la crisis coyuntural, sino proyectando su
desempeño para los próximos 20 o 30 años.
Es necesario acentuar que el gasto en salud ha crecido en los
últimos 40 años significativamente por encima de las economías
locales, llegando a duplicar el porcentaje de gasto sobre el
Producto Bruto Interno. Analizando las causas y sus proyecciones
sobre el futuro, trabajar sobre el envejecimiento poblacional
será un factor clave para pensar en las reformas necesarias.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el
envejecimiento poblacional proyectado, para los países de
Latinoamérica, demandará una inversión cercana de 2 puntos más
del PBI para el sector salud.
Paralelamente, la transición demográfica muestra una fuerte
caída de la población joven, disminuyendo la población
económicamente activa y, consecuentemente, complicando aún más
los recursos disponibles dada la baja de aportes impositivos y
de la seguridad social.
Por lo tanto, no está demás aclarar que, los recursos necesarios
no serán fáciles de conseguir por los mecanismos tradicionales,
como ser aumento de la presión fiscal o priorización del sector
versus otros sectores de la economía.
Ante la falta de creatividad para generar nuevas alternativas de
financiamiento, la sugerencia de los organismos internacionales
como la OMS es mejorar la gestión en búsqueda de la eficiencia.
En este punto crítico me gusta parar y plantear algunos dilemas
que tengo respecto a “la mejora de la gestión” o “el logro de la
eficiencia”.
El primer dilema es declarar el sector salud como ineficiente.
La definición de eficiencia involucra la cantidad de recursos
disponibles y los cruza con el logro de objetivos. No niego que
haya mucho para trabajar, pero también es cierto que
prácticamente es el único sector social en el que mejoraron
todos sus indicadores, desde la esperanza de vida o la
mortalidad materno infantil hasta los indicadores de calidad.
Otros sectores, como por ejemplo, educación o desarrollo social,
han empeorado sus indicadores objetivos en los últimos 30 años.
Por lo tanto, salud aumentó sus recursos, pero alcanzando los
objetivos, es decir, ha demostrado cierta eficiencia en la
gestión. Declararse ineficiente no es solo un dilema teórico
académico, sino que impacta fuertemente sobre aquellos que
tienen poder de decisión, marcando que salud tiene recursos
suficientes y alcanzará con redistribuirlos internamente sin la
necesidad de brindar/aprobar más dinero para el sector
sanitario.
El segundo dilema se relaciona con los resultados evaluados
luego de dos años comenzada la pandemia del Covid-19. Los países
europeos con mejor respuesta a la primera ola (aquella que los
sorprendió y no permitió implementar medidas de mitigación)
fueron aquellos que tenían mayor capacidad ociosa y, por ende,
mayor nivel de ineficiencia.
El caso testigo es Alemania, que pudo atender a toda la
población y que nadie se quede sin una cama de hospital. Ese
margen de ociosidad le permitió adaptarse rápidamente a las
necesidades urgentes. Por el contrario, aquellos países que
trabajaban al límite de sus capacidades utilizando prácticamente
todas las instalaciones, han sufrido muertes sin atención
médica.
En resumen, un espacio ocioso de respuesta ante lo imprevisto
será necesario, y será el sistema de salud quien determine el
porcentaje. Debemos profundizar e investigar técnicamente cuanto
margen debe existir, y que también sea tolerado por la sociedad
y los recursos limitados.
Finalmente, el tercer y último dilema que se plantea sobre la
necesidad de mejorar la gestión en pos de la eficiencia, es
respecto a la visión netamente económica del sector. Mucho se ha
criticado que el sector salud no genera gastos, sino que es
inversión productiva, resultando que una población más sana
genera más recursos económicos.
Sin ánimo de cuestionar la productividad del bienestar
poblacional, esta justificación parte de una premisa falsa. No
todos aquellos que se atienden y son tratados en nuestros
centros de salud son personas económicamente productivas, ya que
se encuentran jubiladas, discapacitadas no autovalentes o son
menores de edad, por lo tanto, “no producen recursos y su
atención no sería una inversión”.
Esto genera un problema desde la visión económica utilitarista
del sistema de salud, ya que no todos deberían tener el mismo
derecho a la atención sanitaria. Sin embargo, para el sector, es
tan importante la atención de las personas fuera de la población
económicamente activa (PEA) como las personas que se encuentran
en condiciones de producir.
Nuevamente, parece una discusión teórica académica, pero
olvidarse de los valores de equidad y solidaridad del sistema de
salud, y justificar las acciones de este solo desde la economía,
no alcanza a explicar las necesidades de nuevos recursos a los
políticos que deben tomar decisiones respecto al financiamiento.
Por lo contrario, los recursos para el sector salud se verán
afectados negativamente cuando no se vea el “resultado positivo
de incrementos de fondos a las arcas públicas dada la mayor
productividad”.
En resumen, aquellos que nos dedicamos a la economía de la salud
hace muchos años estamos al tanto de la paradoja que se genera
por el envejecimiento poblacional como éxito sanitario y, al
mismo tiempo, como un gran problema de sostenibilidad a futuro.
Debemos analizar hacia adentro que podemos mejorar y, al mismo
tiempo, debemos pensar en nuevas fuentes de financiamiento que
sean aceptadas por la sociedad y sus representantes.
Para esto, es necesario cambiar nuestro discurso y justificar
desde el conjunto de valores del sistema (equidad, solidaridad y
sostenibilidad) la necesidad de una reforma del sistema y la
necesidad de recursos para afrontar un futuro envejecido con
atención para todos de calidad.
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