Si hay un concepto que es aceptado en forma unánime entre los conocedores de la política sanitaria argentina, es el de su fragmentación, que se traduce en una clara muestra de la dilución de la responsabilidad, la simultánea falta de organización propia de un sistema, y la consecuente imposibilidad de su instrumentación en red. Dicha situación trae aparejada una autonomización que da lugar a conductas corporativas e insolidarias. Al estar cada sector aislado, se pierden valiosas oportunidades de trabajo en conjunto para revertir décadas de atraso sanitario.
Unir lo disperso, más que una necesidad, es una responsabilidad ética y moral.
Asimismo, hay otros dos problemas que, en cuanto a sus costos, golpean sobre la atención médica. Desde hace tiempo, viene desarrollándose una obsesión por incorporar tecnología médica sin criterios sistemáticos, en una carrera desenfrenada por tratar de tener “lo último” que ofrece el mercado en cuanto a aparatología, sin que eso signifique que se haya evaluado la verdadera necesidad de ese gasto. Frente al verdadero aluvión tecnológico que desarrolla la industria, las novedades nos desbordan y corremos el riesgo de incorporarlas per se. Ante esa situación, se necesita más que nunca una verdadera Agencia de Evaluación de Tecnología Médica, que analice y testee la real importancia de la nueva aparatología, y que establezca patrones racionales de uso de la misma. También es imprescindible una formación más eficiente de los recursos humanos encargados de usar estas tecnologías. Nada es bueno en sí por ser novedoso, sino por cómo se inserta en una sociedad, qué beneficios concretos brinda y cómo es aprovechado por la comunidad.
El otro elemento está dado por la falta de acceso a los medicamentos de vastos sectores. El economista y Premio Nobel Joseph Stiglitz afirma que “los remedios tienen un precio asignado demasiado alto, aunque el costo para producirlo sea tan sólo una fracción de ese precio (consecuencia de que su producción está orientada a obtener el máximo beneficio económico, no social)”. Stiglitz remarca que esa condición “sesga los esfuerzos dirigidos al desarrollo de fármacos que son esenciales para el bienestar de la humanidad”, situación a la que agrega el aporte indirecto realizado a través de adquisiciones públicas de medicamentos por parte del Estado y las obras sociales.
Tenemos, por tanto, estos dos factores que dañan la posibilidad de una atención médica solidaria y eficiente: la incorporación irracional de tecnología nueva y las trabas en el acceso de la población a los medicamentos. Para el primero, hay que lograr que los médicos evalúen los diagnósticos según criterios de sospecha, aproximación, y certeza, y no con un uso irreflexivo de toda la tecnología “de moda”. Para el segundo, hay que contemplar el uso de medicamentos según esquemas terapéuticos basados en la estadificación de la patología tratada, y no “medicalizando” todas las situaciones.
Para no perder de vista la primera condición mencionada, recordemos que la fragmentación del campo sanitario se debe solucionar con la construcción de un Sistema Federal Integrado de Salud (SFIS), donde prime la complementación entre el sector público y el privado.
Esa necesidad de articular los diversos componentes del campo sanitario implica elaborar un sistema “real” de salud, no “aparente”, con los actores concretos que existen en el país, no como deberían ser o como se imaginan que son en mesas de arena. Un SFIS, en pleno funcionamiento, debería:

* garantizar la cobertura en salud: en la realidad, y no virtualmente como la expresa la canasta de prestaciones denominada Programa Médico Obligatorio (PMO).
* reducir los costos: especialmente los que son onerosos por prácticas indebidas o porque pertenecen a patologías agravadas por acciones tardías.
* mejorar la calidad asistencial: para así recuperar la participación del componente médico, hoy devenido en subalterno por la lógica empresaria, y recuperar el compromiso moral del profesional de la salud con la comunidad.

Si damos como válida la ley de Boltzmann que expresa que “los sistemas evolucionan hacia los estados más probables”, en una condición sanitaria como la que impera en la Argentina, donde la característica que ocupa “el podio” es la fragmentación, no podemos esperar otra situación que no sea la del desorden y con él, la dilución de responsabilidades. Este planteo pierde su carácter teórico o abstracto cuando lo llevamos al plano individual de los pacientes. Es decir, esa fragmentación con su consecuente desorden y falta de responsabilidad, impacta en el cuidado de las personas, exhibiendo a todas luces sus desinteligencias y arbitrariedades en los pasillos y habitaciones de hospitales de todo el país.
Paul Krugman, otro ganador del Premio Nobel, es quien nos señala que “en las naciones avanzadas la cobertura de salud está garantizada por el Estado. Por lo tanto, su ausencia, cuando se está en condiciones de llevarla a cabo, no deja de ser una muestra de crueldad.” Por eso mismo, y para evitar una pasividad que funcionalmente es una conducta perversa, es primordial el rol del Estado en su accionar de intermediación con el mercado. Es una cuestión de poder y de moral.
La pregunta esencial es: ¿quién piensa en los pacientes? ¿Quién elabora políticas sociales que tengan como soporte estrategias de gestión que no omitan condiciones de vulnerabilidad de la población? Si no es el Estado, ¿quién se haría cargo?
También surgen otros interrogantes que es necesario plantear:

* ¿Por qué tanto temor de que el gobierno cumpla con su rol de garante en salud?
* ¿Por qué reservar su labor a aquellos que se quedan sin trabajo o son caratulados como “carecientes”?
* ¿Por qué no implantar un observatorio de salud que diagrame un mapa georreferencial actual que informe sobre infraestructura edilicia, parque tecnológico operacional, recursos profesionales según especialidad, patologías regionales prevalentes y emergentes, e historias clínicas que permitan monitorear la evolución y la eficiencia de los recursos empleados a fin de controlar gastos desmedidos o limitados?

Quisiera rescatar la recomendación de otro Premio Nobel de Economía, Kenneth Arrow, cuando señala que “no hay innovación sin intervención del Estado. El beneficio comercial de toda inversión es inferior al beneficio social.” Ya hemos atravesado la etapa en que primaba el criterio que expresa: “El gobierno es más a menudo un problema que una solución”. Hoy esa máxima no tiene sentido.
Sabido es que desde hace dos siglos algunos economistas creen estar en posesión de una ciencia sobre el bienestar social que asegure la equidad distributiva. Sus pretensiones refuerzan las teorías que ellos mismos elaboran.
Pero los hay como en el caso de Arrow, Stiglitz y Kruger, quienes con lucidez abordan el campo médico demostrando que el eje no pasa por límites en el déficit monetario, sino por recurrir a la lógica racional sostenida por el conocimiento científico y el aporte de la técnica informática.
La conclusión evidente es que, en los próximos años, habrá que hacer muchas reformas, no sólo en las estructuras y las culturas laborales y de la población en general, sino también en la planificación estratégica de manera que los porcentajes del gasto en salud se traduzcan en bienestar social. Con el Estado en su rol clave, y con el compromiso de todos los actores, es posible transformar el presente fragmentado en un presente-futuro de cohesión social, en donde los pacientes tengan una atención sanitaria de ciudadanos dignos. De eso se trata, de asumir la responsabilidad de modo ético y moral.