El sistema de salud lleva varias décadas en situación crítica, con costos crecientes incorporación indiscriminada de tecnologías, y sin solución de financiamiento, ante la indiferencia de las autoridades, y afectando a pacientes, financiadores y prestadores. La elección de Javier Milei como presidente representó una esperanza para una sociedad desilusionada con décadas de gobiernos erráticos, y con el mensaje de que “no hay plata”, se experimentó un giro en la salud pública.
En ese cambio se realizaron recortes al presupuesto público, se presentó al Estado como un obstáculo y a la justicia distributiva como perjudicial. La ideología libertaria opuesta a la redistribución y la cooperación multilateral busca transformar en el sistema, presupuestos, instituciones, y el papel fundamental del gobierno en salud.
Se han producido reducciones sustanciales del presupuesto federal de salud, y las transferencias a provincias argumentando que es constitucionalmente una responsabilidad subnacional, no un mandato federal.
Se incluyo la apertura de competencia entre aseguradoras privadas y seguridad social, la reducción de programas clave, y se anunció la creación de una agencia de evaluación de tecnologías que se vio frenada por la oposición internacional.
La justificación de los cambios en la lógica de que la salud es responsabilidad de las provincias, debilitó el rol federal y los mecanismos de redistribución y solidaridad histórica del sistema. Las reformas, que pretenden mejorar eficiencia y calidad, generan preocupación por el aumento de la inequidad, el deterioro de resultados y la vulnerabilidad de poblaciones marginadas.
El enfoque libertario privilegia austeridad y libertad individual sobre intervención estatal, y plantea dudas sobre el impacto a largo plazo de sus políticas. El presupuesto del Ministerio nacional (menos de un tercio del gasto total del sector público, uno de los más bajos de A. Latina) disminuyó 13% en dólares en 2024-25.
El Gobierno adujo ganancias de eficiencia, pero se afectaron programas e instituciones: entre 2024 y 2025, los programas de VIH se redujeron más del 30%, los de vacunación 7%, los de prevención del cáncer 47%, y la cobertura de medicamentos esenciales 65%. Se produjeron retrocesos en salud sexual y reproductiva, y los recortes también perjudicaron los programas de salud mental.
Este enfoque debilitó el papel compensador en equidad del Ministerio de Salud, en un sistema en el cual el 40% de la población (especialmente los quintiles más pobres) depende únicamente de la cobertura pública, que está mayoritariamente descentralizada en los gobiernos provinciales.
Si bien el sistema tiene buen desempeño en los principales indicadores, es inferior al esperado en relación con la inversión del 10% del PIB (una de las más altas de América Latina), y persisten desigualdades dramáticas: el gasto público per cápita varía seis veces entre provincias; la mortalidad infantil el doble entre provincias ricas y pobres, y la mortalidad materna ocho veces, perpetuando la indignidad de morir y enfermar según el “código postal”.
Entre las reformas, la más sustancial reestructuró el sistema de seguridad social, al permitir que aseguradoras privadas compitan directamente con las obras sociales, y se enmarcó esto como una mejora en la calidad de atención y la capacidad de elección, aunque conlleva riesgos sustanciales para la equidad y solidaridad del sistema, al aumentar la segmentación del riesgo y la estratificación según ingreso.
El retiro de la OMS, alegando soberanía sanitaria y críticas a la respuesta a la pandemia, podría excluirnos de los sistemas de vigilancia de enfermedades, los mecanismos de preparación para pandemias, y los debates sobre gobernanza sanitaria global. En agosto, estalló un escándalo después de que fentanilo contaminado se vinculara con casi 100 muertes, y se plantearon dudas sobre la acción de la ANMAT, pero ilustra las consecuencias del repliegue estatal de funciones esenciales y marca los límites de la austeridad.
Las obras sociales están en crisis financiera, obligando a muchos ciudadanos a pagar de su bolsillo servicios y medicamentos. Las dificultades operativas en PAMI generan problemas en la atención. La Superintendencia de Servicios de Salud no tiene fondos para el financiamiento de medicamentos de alto costo, y algunas prestaciones llevan años sin ser abonadas, mientras el precio de los medicamentos, sigue en aumento comprometiendo hasta el 40% de los ingresos de los financiadores.
La gestión requiere cambios sustanciales, pues la falta de coordinación y regulación efectiva, y políticas fiscales y de distribución inequitativas, profundizan asimetrías y un deterioro progresivo que afecta a los pacientes y los indicadores de desempeño. La detección temprana de cáncer no cuenta con una estrategia centralizada, y los índices de inmunización nunca fueron tan bajos.
Esta reticencia refleja una postura ideológica contra el gasto en salud pública preventiva y la coordinación centralizada. Los profesionales de la salud enfrentan salarios bajos, sobrecarga laboral y pérdida de vocación, mientras el sistema aumenta su desigualdad y concentración en pocos actores ganadores.
El costo de la salud ya no se puede financiar por los mecanismos conocidos, y laboratorios y prepagas hoy conducidos por financistas no tienen más esa visión que transformó una parte de la vida de las personas e hizo curables infecciones y enfermedades mortales.
Se ha naturalizado que salud y educación son gastos de bolsillo y se dejó libradas a las personas a su suerte, y a pacientes y equipos de salud postergados u olvidados. La gente no reclama, silenciada por el agobio, porque, aunque tenga prepago, le retacean prestaciones, y aunque se preocupe por pagar una cobertura, hoy no alcanza a cubrir la cuota, aunque los dos integrantes de la familia trabajen formalmente y aporten el 9 % cada uno. Pero la fuerza de lo aspiracional, la crisis y el nuevo descreme de las obras sociales, hacen que las personas se priven de otras cosas, para pagar educación de los hijos y salud.
Parece un final de época. El sistema, en terapia intensiva hace treinta años, parece estar navegando a ninguna parte, o tal vez el plan este yendo hacia lo esperado: provincias que se hagan cargo de la salud de sus habitantes, traspaso de las cápitas más altas a los prepagos, su integración vertical, desaparición de obras sociales, deterioro de la capacidad instalada y en el nivel de ingreso de los profesionales de la salud.
Sin duda, se requerían reformas para abordar las persistentes inequidades e ineficiencias, pero el enfoque actual plantea interrogantes; los recortes presupuestarios, y una reestructuración orientada al mercado, podrían exacerbar los problemas subyacentes.
La reforma requiere intervenciones focalizadas para fortalecer subsidios cruzados y mancomunación de riesgos, y redistribución de fondos de ricos a pobres, sanos a enfermos y jóvenes a mayores. Es prematuro realizar una evaluación integral de las políticas actuales, y solo en los próximos años se podrán mensurar los cambios, en acceso y resultados, y la sostenibilidad del enfoque libertario de la rectoría sanitaria.
Pero hay un profundo cambio ideológico que privilegia la austeridad, reduce las responsabilidades federales en salud y se aleja de la redistribución y tradicional solidaridad de nuestro sistema, y la presentación de estas medidas como una defensa de la libertad frente a la intervención estatal conmueve los cimientos de la salud pública.
Solo cambiando la cadena de comercialización de medicamentos, haciendo compras directas, rompiendo con los oligopolios de la distribución, o las droguerías, no se soluciona el problema. Tampoco con la delegación en las jurisdicciones de los servicios de salud; sin cambiar el modelo de atención, especialmente cuando hay una sobrecarga en los prestadores públicos.
Fortalecer la construcción de redes integradas debería ser el camino. La responsabilidad de garantizar el acceso a la salud no puede ser de los privados, y los que no tengan esa cobertura, morir esperando una cama o un medicamento.
En un sistema a la deriva los ciudadanos que no tienen otras opciones, no se atienden con el superávit fiscal, un programa de estabilización, u otros problemas “que parecen ser más importantes”, como el swap con EE. UU., Cristina, o Espert.
Nadie piensa o busca una salida, y el mercado no lo hará, pues tiende a buscar nichos de financiamiento, y deja tras de sí agotamiento moral, bajos salarios y honorarios de los equipos de salud que sostienen el sistema, y deben subsistir trabajando en varios empleos, con solo uno o dos ganadores en esa batalla.
Este presente requiere muchas correcciones que no pueden esperar, reformas profundas y estratégicas para evitar el colapso definitivo del sistema. Los hospitales deben volver a ser empresas que construyan equidad, actuando sobre la desigualdad injusta y subiendo el nivel prestador, cuando ya la motosierra no tiene más prestadores privados por fundir, y los años de vida perdidos se tornan difícilmente recuperables