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Voces

La farmacia:
un servicio público esencial

Por el Farm. Manuel R. Agotegaray
Presidente de FEFARA

 
Tal como lo expresé en una publicación reciente, más allá de la preocupación que genera la excepcional situación que estamos viviendo a causa de la pandemia, no puedo ocultar la satisfacción y el orgullo que me produce la actuación de los profesionales farmacéuticos en cada uno de los espacios en los que les ha tocado desempeñarse.
En sentido contrario, tampoco puedo dejar de manifestar el malestar que me produce el escaso reconocimiento que ciertas dependencias del Estado y, de manera especial los medios de comunicación tienen respecto a nuestros profesionales farmacéuticos y su valioso aporte.
Pruebas al canto: lejos de mencionarlos cada vez que se hace referencia a los profesionales que se encuentran en la “primera línea de fuego”, las noticias sólo dan cuenta de la carencia de insumos en farmacias, los altos precios de los mismos (ignorando que no somos formadores de precios) y/o sobre la necesidad de que “los comercios” tengan determinados horarios de atención para garantizar el acceso al medicamento.
Si tal cosa es todo lo que de una farmacia se necesita, bien podríamos reemplazarlas mediante la venta de medicamentos en autoservicios que funcionen las 24 hs... pero eso no sería una farmacia y, desde luego, allí no encontraríamos a ningún farmacéutico que pueda brindar los valiosos servicios profesionales incorporados en un proceso de formación continua.
Tampoco resulta de ayuda para el logro de nuestras aspiraciones que, para el Clasificador de Actividades Económicas por el cual se rige la AFIP, la actividad de la farmacia figure como “De intercambio de bienes muebles” código
G–477310, cuando debiera ser incluida en “Servicios de Salud Personal” código Q- 869090, o para ser más estrictos y justos, se estableciera como nuevo código el Q-869095 “Servicio de Farmacia comunitaria o privada”. La diferencia no es sólo semántica y, de hecho, significa que a los fines impositivos a la farmacia se le asigna el tratamiento de un comercio cualquiera.
Llegados a este punto y considerando necesario dejar claramente expuesto nuestro punto de vista sobre el tema, voy a recordar aquí la postura que las Entidades Farmacéuticas nacionales dejamos sentada en un documento que fuera suscripto en el marco de nuestras 13as Jornadas de Política, Economía y Gestión de Medicamentos realizadas en Pilar (Buenos Aires), cuyos aspectos centrales señalo a continuación.

SERVICIO PÚBLICO

Generalidades
La primera acepción del término “servicio” que menciona el diccionario de la Real Academia Española, hace referencia al “acto y el resultado de servir”. Lo “público” por su parte, es aquello vinculado a toda la comunidad y que, por lo tanto, suele ser gestionado o administrado por el Estado. De este modo, podría definirse al “servicio público” como la actividad que desarrolla un organismo estatal, o una entidad privada bajo la regulación del Estado, para satisfacer una cierta necesidad de la población.
El caso es que, con total independencia de quien lo realice, existe amplia coincidencia respecto a que el criterio más adecuado para definir al servicio público, es el funcional: la cuestión central no radica en el sujeto que lo presta, sino en la índole de la “necesidad” que por ese medio se satisface.
Es importante tomar en cuenta la existencia de una serie de elementos que en conjunto permiten caracterizar, en grandes rasgos, a un servicio como público:

Su naturaleza esencial para la comunidad.

La imprescindible continuidad de su prestación en el tiempo.

Su prestación regular, manteniendo un estándar mínimo de calidad.

La necesidad de que su acceso se logre en condiciones de igualdad.

De lo general a lo particular
Luego de estas consideraciones preliminares no podemos dejar de señalar que, por la naturaleza y actividades desarrolladas por nuestras farmacias comunitarias, las mismas son las propias de un servicio público.
Para la atención y goce del derecho constitucional a la salud que tienen los habitantes de nuestro país y que el Estado debe garantizar, resulta ineludible contar con el servicio público de farmacia.
Las razones que sostienen esta afirmación, es decir la actividad de la farmacia como servicio público, son claras y concretas, a saber:

A través de éstas se permite al paciente el acceso democrático al medicamento, unánimemente considerado un bien social, en cada centro poblado del extenso territorio nacional.

Se encuentran sometidas a la regulación del poder público, quien establece las normas legales y reglamentarias para asegurar la regularidad de la prestación del servicio y la continuidad del mismo, porque existe un interés general en el desarrollo de la actividad.

La farmacia comunitaria presta un servicio que beneficia a la sociedad en general, y no a una determinada clase o grupo, por importante que éste sea.

La farmacia es el único establecimiento habilitado para la venta de medicamentos, drogas y especialidades farmacéuticas.

Sostienen la carga pública de los turnos -cumplimiento del servicio más allá de los horarios comerciales-, para que, a toda hora de cada día, sus servicios puedan ser demandados por quienes lo necesiten.

Son un centro de salud de atención primaria, en el cual siempre se encuentra un profesional idóneo en la materia al servicio de la población en su conjunto.

Las farmacias, resultan ser el primer y más cercano contacto sanitario, al que acude la población en procura de asesoramiento y orientación.

Brindan atención a la totalidad de los beneficiarios del sistema de seguridad social.

Resultan ser un pilar fundamental para el uso racional del medicamento.

Realizan tareas de fármaco vigilancia.

Dan sustento material al control de trazabilidad del medicamento dispuesto por las autoridades sanitarias.

Volviendo sobre lo dicho en aquella publicación a la que hacía referencia al inicio de esta columna, reitero mi convicción en el sentido que las especiales circunstancias que hoy estamos viviendo, no son otra cosa que una valiosa oportunidad para trabajar en procura de lograr el reconocimiento formal de la actividad de las farmacias como un servicio público esencial.

Considero central trabajar por la LEGITIMIDAD y el RECONOCIMIENTO que nuestra profesión se merece, más allá de los gobiernos, los políticos o las circunstancias que nos toque en suerte transitar… y en eso estamos invirtiendo nuestros mejores esfuerzos.

 

 

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