Tal como lo expresé en una publicación reciente, más allá de
la preocupación que genera la excepcional situación que
estamos viviendo a causa de la pandemia, no puedo ocultar la
satisfacción y el orgullo que me produce la actuación de los
profesionales farmacéuticos en cada uno de los espacios en
los que les ha tocado desempeñarse.
En sentido contrario, tampoco puedo dejar de manifestar el
malestar que me produce el escaso reconocimiento que ciertas
dependencias del Estado y, de manera especial los medios de
comunicación tienen respecto a nuestros profesionales
farmacéuticos y su valioso aporte.
Pruebas al canto: lejos de mencionarlos cada vez que se hace
referencia a los profesionales que se encuentran en la
“primera línea de fuego”, las noticias sólo dan cuenta de la
carencia de insumos en farmacias, los altos precios de los
mismos (ignorando que no somos formadores de precios) y/o
sobre la necesidad de que “los comercios” tengan
determinados horarios de atención para garantizar el acceso
al medicamento.
Si tal cosa es todo lo que de una farmacia se necesita, bien
podríamos reemplazarlas mediante la venta de medicamentos en
autoservicios que funcionen las 24 hs... pero eso no sería
una farmacia y, desde luego, allí no encontraríamos a ningún
farmacéutico que pueda brindar los valiosos servicios
profesionales incorporados en un proceso de formación
continua.
Tampoco resulta de ayuda para el logro de nuestras
aspiraciones que, para el Clasificador de Actividades
Económicas por el cual se rige la AFIP, la actividad de la
farmacia figure como “De intercambio de bienes muebles”
código
G–477310, cuando debiera ser incluida en “Servicios de Salud
Personal” código Q- 869090, o para ser más estrictos y
justos, se estableciera como nuevo código el Q-869095
“Servicio de Farmacia comunitaria o privada”. La diferencia
no es sólo semántica y, de hecho, significa que a los fines
impositivos a la farmacia se le asigna el tratamiento de un
comercio cualquiera.
Llegados a este punto y considerando necesario dejar
claramente expuesto nuestro punto de vista sobre el tema,
voy a recordar aquí la postura que las Entidades
Farmacéuticas nacionales dejamos sentada en un documento que
fuera suscripto en el marco de nuestras 13as Jornadas de
Política, Economía y Gestión de Medicamentos realizadas en
Pilar (Buenos Aires), cuyos aspectos centrales señalo a
continuación.
SERVICIO PÚBLICO
Generalidades
La primera acepción del término “servicio” que menciona el
diccionario de la Real Academia Española, hace referencia al
“acto y el resultado de servir”. Lo “público” por su parte,
es aquello vinculado a toda la comunidad y que, por lo
tanto, suele ser gestionado o administrado por el Estado. De
este modo, podría definirse al “servicio público” como la
actividad que desarrolla un organismo estatal, o una entidad
privada bajo la regulación del Estado, para satisfacer una
cierta necesidad de la población.
El caso es que, con total independencia de quien lo realice,
existe amplia coincidencia respecto a que el criterio más
adecuado para definir al servicio público, es el funcional:
la cuestión central no radica en el sujeto que lo presta,
sino en la índole de la “necesidad” que por ese medio se
satisface.
Es importante tomar en cuenta la existencia de una serie de
elementos que en conjunto permiten caracterizar, en grandes
rasgos, a un servicio como público:
Su naturaleza
esencial para la comunidad.
La imprescindible
continuidad de su prestación en el tiempo.
Su prestación
regular, manteniendo un estándar mínimo de calidad.
La necesidad de
que su acceso se logre en condiciones de igualdad.
De lo general a lo particular
Luego de estas consideraciones preliminares no podemos dejar
de señalar que, por la naturaleza y actividades
desarrolladas por nuestras farmacias comunitarias, las
mismas son las propias de un servicio público.
Para la atención y goce del derecho constitucional a la
salud que tienen los habitantes de nuestro país y que el
Estado debe garantizar, resulta ineludible contar con el
servicio público de farmacia.
Las razones que sostienen esta afirmación, es decir la
actividad de la farmacia como servicio público, son claras y
concretas, a saber:
•
A través de éstas se
permite al paciente el acceso democrático al medicamento,
unánimemente considerado un bien social, en cada centro
poblado del extenso territorio nacional.
•
Se encuentran
sometidas a la regulación del poder público, quien establece
las normas legales y reglamentarias para asegurar la
regularidad de la prestación del servicio y la continuidad
del mismo, porque existe un interés general en el desarrollo
de la actividad.
•
La farmacia
comunitaria presta un servicio que beneficia a la sociedad
en general, y no a una determinada clase o grupo, por
importante que éste sea.
•
La farmacia es el
único establecimiento habilitado para la venta de
medicamentos, drogas y especialidades farmacéuticas.
•
Sostienen la carga
pública de los turnos -cumplimiento del servicio más allá de
los horarios comerciales-, para que, a toda hora de cada
día, sus servicios puedan ser demandados por quienes lo
necesiten.
•
Son un centro de salud
de atención primaria, en el cual siempre se encuentra un
profesional idóneo en la materia al servicio de la población
en su conjunto.
•
Las farmacias,
resultan ser el primer y más cercano contacto sanitario, al
que acude la población en procura de asesoramiento y
orientación.
•
Brindan atención a la
totalidad de los beneficiarios del sistema de seguridad
social.
•
Resultan ser un pilar
fundamental para el uso racional del medicamento.
•
Realizan tareas de
fármaco vigilancia.
•
Dan sustento material
al control de trazabilidad del medicamento dispuesto por las
autoridades sanitarias.
Volviendo sobre lo dicho en aquella publicación a la que
hacía referencia al inicio de esta columna, reitero mi
convicción en el sentido que las especiales circunstancias
que hoy estamos viviendo, no son otra cosa que una valiosa
oportunidad para trabajar en procura de lograr el
reconocimiento formal de la actividad de las farmacias como
un servicio público esencial.
Considero central trabajar por la LEGITIMIDAD y el
RECONOCIMIENTO que nuestra profesión se merece, más allá de
los gobiernos, los políticos o las circunstancias que nos
toque en suerte transitar… y en eso estamos invirtiendo
nuestros mejores esfuerzos.
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